Cinco trabajadores de Las Armas demandan a la nueva gestora por despido improcedente

Cinco trabajadores de la anterior concesionaria del Centro Musical Las Armas han decidido interponer una demanda por despido improcedente a la nueva gestora, la UTE formada por Global Hostelera 2022, Fuse Records-Fluge Zaragoza y Dolly Studios. Según denuncian, la nueva concesionaria del espacio municipal de gestión privada del barrio de San Pablo tenía «la obligación de subrogar» a todos los empleados que procedían de la gestora anterior. Y subrayan que, «tal y como se indica en los pliegos del concurso», debían hacerlo con las mismas condiciones y respetando su antigüedad.

Ante la negativa de la UTE, esos cinco trabajadores (la plantilla anterior estaba compuesta por once empleados) han presentado una demanda por despido improcedente ante el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA), así como una denuncia en la Inspección de Trabajo. El SAMA ya ha citado a las partes a un acto de conciliación que tendrá lugar este jueves a las 9.00 horas. Si la mediación no logra un acuerdo, los cinco empleados ya adelantan que interpondrán la correspondiente demanda en el Juzgado de lo Social.

La música volverá a sonar este viernes en Las Armas después de tres años de silencio

Así las cosas, parece que el proceso que ha permitido el regreso de la música a Las Armas después de tres años de silencio no ha estado exento de polémica. Un procedimiento que, además, se demoró mucho más de lo previsto por problemas técnicos en la redacción de los pliegos. Finalmente se presentaron dos ofertas al concurso público: una que no cumplía las condiciones y la UTE que resultó ganadora.

Según explican los trabajadores, en la primera reunión que mantuvieron con la nueva concesionaria el pasado octubre ésta ya les planteó que «no tenía claro» si estaba obligada a subrogarles. La incertidumbre que generaron estas palabras entre la plantilla se confirmaron el 9 de diciembre, cuando el representante de la UTE, Pedro Ortega, les citó en un despacho de abogados de Zaragoza. «Ahí nos dijeron que renunciáramos a nuestro derecho de antigüedad porque si no igual tenían que renunciar ellos a la concesión, ya que no tuvieron en cuenta la subrogación y era un gasto que no creían poder soportar», explican fuentes de los trabajadores.

El pasado 1 de febrero la gestora anterior (El Fantasma Producciones SL) comunicó a la plantilla la salida de la empresa y la subrogación a la nueva. Es entonces cuando los trabajadores intentaron volver a ponerse en contacto con el representante de la UTE. «A partir de ese momento algunos compañeros empiezan a recibir Whatsapps individuales planteándoles que les van a hacer contratos nuevos pero sin subrogarles ni mantener la antigüedad», apuntan las citadas fuentes.

La situación de los once trabajadores

Después de casi tres años de Erte, cinco de los once trabajadores aceptaron la oferta de la UTE, otro cambió de trabajo renunciando a la antigüedad y los cinco restantes decidieron seguir luchando por sus derechos y han acabado planteando la citada denuncia. «Vamos a llegar hasta el final porque nos ampara la ley», subrayan.

En los pliegos del concurso de Las Armas se indica que «es condición especial de ejecución que la empresa adjudicataria viene obligada, durante todo el periodo de ejecución del contrato, a no minorar las condiciones de trabajo de los trabajadores en materia de jornada y salario». Además, la plantilla se aferra también al Convenio Colectivo Estatal del Personal de Salas de Fiesta, Baile y Discotecas de España (el marco regulador al que están adscritos los empleados de Las Armas) y al artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores. «Tanto uno como otro detallan expresamente que cuando hay una sucesión empresarial se tiene que producir una subrogación de la plantilla», asevera Miguel Guillén Fuertes, el abogado que representa a los cinco trabajadores que han decidido denunciar. 

Por todo ello, tanto los empleados como el letrado consideran que el Ayuntamiento de Zaragoza también tiene responsabilidad en todo lo que está sucediendo, ya que «debería velar por que se cumpla la ley». Preguntada por este aspecto la pasada semana, la vicealcaldesa Sara Fernández negó que el consistorio tenga ninguna responsabilidad e indicó que es algo en lo que deben ponerse de acuerdo las dos empresas (la saliente y la entrante). Por su parte, el máximo responsable de la nueva gestora, Pedro Ortega, insistió la pasada semana en la presentación de la nueva etapa de Las Armas que no tenían la obligación de subrogar a los antiguos trabajadores.

Al Juzgado de lo Social

Así las cosas, lo que está claro es que tras el regreso de los conciertos al espacio musical subyace un conflicto laboral en toda regla. De hecho, los empleados no descartan realizar algún acto de protesta.

Si el SAMA no logra este jueves poner de acuerdo a las partes, será el Juzgado de lo Social el que deberá decidir si es o no un despido improcedente (podría tardar al menos seis meses en pronunciarse). Si los jueces dan la razón a los trabajadores, la nueva gestora tendría dos opciones: reincorporar a los cinco trabajadores a efectos desde el 1 de febrero respetando antigüedad, salario y categoría profesional o despedirles con la indemnización que se calcularía teniendo en cuenta la citada antigüedad (se remonta a 2014 y 2015).