Las aventuras inmobiliarias de Caja Inmaculada (CAI) en Andalucía fueron, en la mayoría de los casos, un sonoro fracaso. Los principales proyectos acabaron paralizados, algunos de ellos por decisiones judiciales. El gestor y cabecilla de esos negocios era el empresario y abogado andaluz Ramón Marrero, que sorprendente fue recompensado por la caja aragonesa cuando rompió la relación comercial con él, según el informe pericial que ha elaborado la consultora KPMG por encargo de la propia CAI, dentro de la querella presentada por la entidad aragonesa contra este y otros dos exdirectivos.
El documento (ver página anterior) pone de relieve un laberinto de sociedades de las que formaba parte la caja a través de su hólding inmobiliario (CAI Inmuebles), en algunos casos con participaciones cruzadas repartidas entre sus filiales --con Arcai a la cabeza--, el propio Marrero y empresarios aragoneses de la construcción.
La alianza con el promotor gaditano se inició en el 2001. CAI veía en Marrero un conseguidor para sus negocios en el sur. No en vano, el empresario alardeaba de su relación con el poder político en Andalucía, entre otras cosas, por su pasado como exconsejero de Trabajo en la Junta de Andalucía (entre 1994 y 1996) con el PSOE de Manuel Chaves.
Idilio con final feliz
La primera operación conjunta fue con la sociedad El Soto de Vistahermosa SL, que llevó a cabo esta urbanización en la costa de Cádiz. Seguidamente, CAI aterrizó en el accionariado del polémico campo de golf El Puerto, situado en Sanlúcar de Barrameda, y abrió una sucursal en El Puerto de Santa María.
La caja y el empresario estaban juntos en Arcai Inmuebles SA --y a través de esta en Golf de El Puerto SA e Inversiones Turísticas y Deportivas SL--, en la que el promotor gaditano tenía el 25% (con Auriga El Puerto SL). También compartían capital en Promociones Inmobiliarias Berben el Puerto SL, Inverpuerto 2004 SL, El Soto de Vistahermosa SL, Inversiones Inmobiliarias Andalsur SA y Uriva SA. Además de la relación societaria, la mayor parte de estas empresas eran gestionadas por el ahora imputado.
El exdirector de la caja aragonesa Tomás García Montes --también imputado-- formaba parte de los consejos de administración de las empresas donde eran socios CAI y Marrero.
Algunos de los mayores proyectos promovidos en Cádiz estuvieron rodeados de polémica y acabaron judicializados. Es el caso del citado campo de golf, por el que Marrero fue imputado en el 2010 por presuntas irregularidades en la concesión de la licencia de la construcción. La causa fue archivada. El exsocio de CAI también fue denunciado por la macroperación anticorrupción Astapa, una presunta red de influencias y pagos de comisiones en el Ayuntamiento de Estepona, donde Arcai Inmuebles tenía intereses urbanísticos.
La falta de resultados, el deterioro de la imagen de la caja por cómo se llevaron cabo algunas operaciones y el estallido de la crisis inmobiliaria y financiera, desembocaron en la ruptura del idilio empresarial. Fue en el verano del 2009, cuando CAI y Marrero llegaron a una acuerdo "claramente" beneficioso para el empresario y perjudicial para la caja, según el informe pericial.
El final de la relación fue amistoso a pesar de que posteriormente la entidad llevó a su exsocio a los tribunales. De hecho, a principios del 2010, el director general de CAI, Luis Miguel Carrasco --recién nombrado en sustitución de García Montes--, rechazó que la ruptura con Marrero se debiera a una mala gestión. Es más, en una carta al Diario de Cádiz destacaba su trabajo: "Caja Inmaculada reconoce y agradece la labor desarrollada por el señor Marrero". Dos años y medio después, Carrasco cambió de opinión y la entidad se querelló contra el empresario.
Los negocios fallidos en el sur suponen una parte importante de la losa inmobiliaria que ha sepultado a CAI, que dentro del grupo Caja3 --junto a Caja Badajoz y Caja Círculo-- ha recibido cuantiosas ayudas públicas y acabó absorbida el pasado año por Ibercaja, lo que evitó su nacionalización.
