Trabajar en un banco ya no es lo que era. El sector pasa por sus horas bajas desde el punto de vista laboral, tras un largo proceso de reestructuración que se prolonga desde hace más de 12 años y que ahora ha vuelto a acelerarse. La reconversión bancaria, que se inició con la crisis del ladrillo del 2008, se ha reavivado en las últimas semanas con una oleada de eres que van a adelgazar las ya de por sí mermadas plantillas. Solo con las operaciones ya en marcha, la entidades plantean un recorte de casi 20.000 trabajadores en toda España. En Aragón, esto se traducirá en la destrucción de varios cientos de empleos más, un nueva vuelta de tuerca en un mundo financiero que ha perdido 3.500 efectivos en poco más de una década.

A pesar de estas gruesas cifras, la mayor parte de estos despidos no han sido traumáticos hasta ahora al hacerse por la vía de las llamadas prejubilaciones. Para los sindicatos, lo peor es cómo han quedado las plantillas, que sufren jornadas laborales que se prolongan sistemáticamente, una mayor presión por vender productos y el cabreo de muchos clientes --sobre todo de los más mayores-- que se quejan del deterioro de los servicios presenciales.

La baja rentabilidad por los tipos negativos y la digitalización empujan los nuevos ajustes

Las entidades, por su parte, no tienen más remedio que tomar medidas de ajuste interno para adaptarse al complejo escenario en el que se mueven, marcado por la baja rentabilidad: tipos de interés por los suelos, presión de la regulación que supone un coste o competencia no bancaria. Y en el 2020 se añade el impacto del covid-19, que ha llevado números rojos a la cuenta de resultados. A todo ello se suma el imparable proceso de digitalización, con uno uso cada vez mayor de los servicios online.

Aluvión de prejubilaciones

Ibercaja ha sido uno de los primeros bancos en abrir juego con un despido colectivo para 750 trabajadores que fue pactado el pasado diciembre con la mayoría sindical. El expediente se centra en la salida voluntaria de los mayores de 55 años, entre los que el ere ha sido visto como una oportunidad a tenor de los 809 empleados que se han ofrecido para las bajas incentivas, lo que obliga a aplicar criterios de preferencia para la elección del personal que se prejubilará.

La mayor parte de las salidas se producirán en Aragón, pero todavía no se conoce el número de trabajadores afectados a la espera de que se cierre la criba del proceso y se concreten los traslados por movilidad geográfica derivados del cierre de 199 oficinas que contempla la reestructuración. El banco que lidera Víctor Iglesias ha decretado por ahora la clausura de 54 sucursales entre marzo y mayo, 31 de ellas en la comunidad.

Fusión CaixaBank-Bankia

Por su parte, los grandes bancos españoles han apretado el acelerador a sus planes de reestructuración laboral, que tendrán sus derivadas en Aragón. El impacto local de estos ajustes todavía no se ha detallado en la mayoría de los casos, salvo en el Santander, que cerrará 25 de las 70 oficinas que tiene en la comunidad (el 36% del total), según el ere acordado en diciembre con los sindicatos. Esto afectará a un centenar de empleados sobre una plantilla autonómica compuesta por 508 personas.

Mayores consecuencias se prevé que tenga el ajuste de 8.291 empleos planteado esta semana por CaixaBank en la nueva entidad resultante de la fusión con Bankia. No obstante, Aragón no será a priori uno de los territorios más afectados al no darse pocas duplicidades entre sí. El extinto banco madrileño cuenta con solo nueve oficinas y 63 trabajadores, mientras que la entidad catalana si tiene una fuerte implantación con 78 sedes y 414 empleados.

Los cierres de oficinas bancarias son una constante desde el 2008. Desde entonces, la red de las entidades se ha reducido a prácticamente la mitad en Aragón. En concreto, han bajado la persiana el 47% de las sucursales, desde el máximo de 1.796 que había en diciembre del 2008 a las 951 del pasado mes de diciembre, último dato disponible en la estadística del Banco de España. De esta manera, la comunidad se sitúa en los niveles que tenía en 1976.

Este drástico recorte ha tenido su efecto en el empleo. El sector contaba el pasado marzo con 7.818 trabajadores de media, 3.463 menos que en el mismo mes del 2009, según los datos de afiliación de la Seguridad Social, que incluyen las plantillas de bancos y compañías de seguros.