"El pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla". Esta frase, que destaca la importancia de que los hechos del pasado no caigan en el olvido para no volver a cometer errores que ya se han producido, es uno de los motivos por lo que hoy en día existe eso que llamamos memoria democrática.
Ha ocurrido con los nazis en Alemania, un país ejemplar en cuanto a memoria y reparación del daño causado a las víctimas del holocausto y las atrocidades cometidas por Hitler durante el Tercer Reich. Y sucede también en España, que en 2017 aprobó una ley de memoria democrática cuyo objetivo principal es recordar a las víctimas de la guerra civil y de la dictadura franquista, hasta la aprobación de la Constitución de 1978.
Esta, junto a la ley de Amnistía de 1977 que supuso el regreso del exilio de muchas de las gentes de izquierdas que abandonaron el país durante el franquismo, fueron fundamentales para dejar atrás uno de los episodios más negros de la historia de España: la guerra civil que tuvo lugar entre 1936 y 1939 a causa del golpe militar contra la legalidad constitucional de la Segunda República. Pero todavía quedaban flecos sueltos, como el tratamiento de justicia que merecen las víctimas de la guerra y de la dictadura, que en muchos casos fueron enterradas de manera cruel y desordenada tras ser asesinadas.
Una ley pionera en Aragón
Aragón aprobó en 2018 su propia ley de memoria democrática para recordar a las víctimas del franquismo en la comunidad. Con ella, se pretende reconocer «el legado social, político y cultural, de las personas que lucharon por la democracia y las libertades en el pasado reciente de Aragón», explica Marisancho Menjón, directora general de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón.
Entre estas medidas figura la retirada de los símbolos franquistas de las calles de pueblos y ciudades aragonesas. Además, se ha procedido a resignificar monumentos que hasta ahora solo homenajeaban a los vencedores, y se han llevado a cabo exhumaciones de fosas comunes, algunas de ellas de oficio por parte del ejecutivo autonómico.
Asimismo, añade que la ley «ha supuesto un avance notable en las iniciativas de larga trayectoria en Aragón, anterior a la promulgación de la ley, para la investigación y difusión de la historia reciente», y también se ha multiplicado el presupuesto destinado a las acciones para la memoria histórica.
Una existencia "vergonzosa"
En este sentido, Menjón destaca la creación de una base de datos de ADN pionera para poder identificar a las víctimas y localizar a sus familiares, así como la labor de las asociaciones memorialistas que realizan los desenterramientos. Según estas, en Aragón existen 600 fosas comunes donde hay enterrados unos 10.000 aragoneses. Un hecho que la directora general califica de «vergonzoso».
Una de las principales novedades que contempla la ley aragonesa es la designación de lugares de memoria democrática para tratar de enterrar con dignidad a las víctimas de la guerra y del franquismo e impulsar su conocimiento entre la población y sobre todo la gente joven.
En Aragón existen 600 fosas comunes donde están enterrados 10.000 aragoneses
Hasta ahora se han declarado como tales cuatro lugares de la comunidad, el Barranco de la Bartolina (Calatayud), la cárcel de Benabarre, la tapia del Cementerio de Torrero (Zaragoza) y la tumba de la que fuera alcaldesa de Gallur y primera mujer a cargo de un ayuntamiento en España, María Domínguez, en el cementerio de Fuendejalón, localidad en la que fue asesinada en 1936.
CUATRO LUGARES DE MEMORIA DEMOCRÁCTICA EN ARAGÓN
Desde la aprobación de la ley de 2018, se han reconocido hasta la fecha cuatro lugares de memoria democrática en Aragón, una figura de protección que pretende ser un símbolo de homenaje a las víctimas que fueron allí asesinadas.
Los lugares que obtienen este reconocimiento son catalogados como Bienes de Interés Cultural. Estos son los cuatro lugares de memoria democrática que hay actualmente en Aragón:
- El primer lugar en obtener esta distinción fue el barranco de la Bartolina en Calatayud, donde murieron asesinadas entre 400 y 500 personas de toda la comarca del Campo de Calatayud, de pueblos como Calatayud, Ateca, Daroca y La Almunia, aunque unas obras municipales realizadas décadas después de la guerra impidieron la exhumación de los restos de la fosa común.
- La cárcel de Benabarre es otro ejemplo de la represión implacable de los sublevados contra la legalidad de la Segunda República tras el levantamiento militar del 18 de julio de 1936. El número de presos de esta prisión mixta llegó a ser muy elevado y algunos de ellos fueron ejecutados. En ella se conservan los grafitis de los prisioneros, testimonio directo de sus sueños y privaciones.
- En la tapia trasera del cementerio de Torrero fueron fusilados y ejecutados simpatizantes republicanos por parte del bando franquista durante la guerra y bien entrada la dictadura. En la ciudad de Zaragoza se asesinó al 32% de las víctimas del franquismo que hubo en Aragón.
- El cuarto lugar en conseguir el reconocimiento de lugar de memoria democrática en Aragón, el pasado 27 de diciembre, ha sido la tumba de María Domínguez. La alcaldesa de Gallur fue la primera regidora democrática del país. Su cuerpo fue localizado en enero de 2021 en el cementerio de Fuendejalón, donde fue fusilada en 1936 por sus ideas republicanas.
