La renta es un 25% más baja en los hogares de las personas con discapacidad intelectual que en el resto, la tasa de actividad de este colectivo de personas es 46 puntos más baja que la población general y la de empleo es un 43% más baja. Por ello, Plena inclusión expone las siguientes propuestas:
1.- El acceso a la renta mínima de las personas con discapacidad intelectual considerándolas una unidad de convivencia especial (sin tener en cuenta la unidad familiar) y que ésta sea acorde a las necesidades y gastos que conlleva la discapacidad intelectual.
2.- Establecer una garantía de ingreso mínimo específico para las personas con discapacidad intelectual que tenga como referencia el salario mínimo interprofesional (actualmente 900 €/mes).
3.- Aumentar la cuantía de la prestación por hijo a cargo, incrementándola en un 50% en el caso de hijos menores a cargo con un grado de discapacidad igual o mayor del 33% (para alcanzar los 2.000 euros anuales). Equiparar las percibidas por hijos con 65% o más de discapacidad a las que actualmente se dan a quienes tienen hijos a cargo con un grado igual o superior al 75% (alcanzando los 7.056 euros anuales).
4.- Que exista una adecuada compatibilidad entre prestaciones y el desempeño de un trabajo, con el objetivo de no desincentivar el empleo entre las personas con discapacidad intelectual, algo que genera autonomía y oportunidades de inclusión.
5.- Asegurar mejoras en el régimen fiscal del IRPF y del patrimonio protegido que compensen la situación desfavorecida de las personas con discapacidad y sus familias.
