La pobreza, la exclusión social y la desigualdad constituyen un fenómeno estructural en España. Sus tasas se han mantenido elevadas y constantes en las últimas décadas, con repuntes en periodos de crisis, que evidencian aún más las deficiencias y vulnerabilidades del modelo social.
Las carencias materiales de la población son muy dispares en los distintos estados de la Unión Europea, y esto se debe en gran medida a los recursos que cada país destina a ponerles coto. En aquellos con menores índices de desigualdad y pobreza, los gobiernos garantizan ingresos mínimos adecuados, el acceso a servicios básicos y un sistema firme de protección social, mediante mecanismos de redistribución de la riqueza y políticas de justicia fiscal.
Desde 2008, la Comisión Europea venía insistiendo al Gobierno de España en la necesidad de contar con regímenes integrales de renta mínima. En mayo de 2020, espoleado por la crisis de la pandemia, creó el Ingreso Mínimo Vital (IMV), la primera prestación de ámbito estatal destinada a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social. Desde su adopción, casi 800.000 personas se han beneficiado de él. Sin embargo, cuatro años después, conseguir que llegue a todas las personas que tienen derecho a recibirlo, continúa siendo un reto.
Lo que hasta ahora era una percepción generalizada entre los profesionales de los servicios sociales públicos y del tercer sector, por fin se puede concretar en cifras. El 41,3% de las personas elegibles para el IMV aún no ha solicitado la ayuda debido a “una preocupante falta de conocimiento” de la misma, “bien porque no llega la información o bien porque esta no es percibida como importante”.
Así se desprende de la investigación desarrollada a lo largo de los dos últimos años por la Red Europea de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES), junto a sus delegaciones autonómicas, como la Red Aragonesa de Entidades Sociales para la Inclusión, desplegada en los 400 códigos postales de España con mayor nivel de pobreza. En Aragón, se estudiaron secciones censales ubicadas en los barrios de Oliver, Actur y Las Fuentes de Zaragoza, en el del Perpetuo Socorro de Huesca y en Monzón y Calatayud.
El estudio era el eje central del proyecto ‘Acceso vital. Detección y movilización de las personas elegibles para el ingreso mínimo vital en situación de non-take-up’, financiado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones con fondos europeos Next Generation. Su objetivo era analizar las causas del denominado non-take-up en el IMV, es decir, la situación de aquellas personas que, teniendo derecho a recibir la prestación, no la han solicitado, y promover su movilización para que accedan a ella.
No solo el desconocimiento del IMV, detectado entre el 41,3% de sus potenciales perceptores, constituye un obstáculo para acceder al mismo. También lo es la falta de información sobre su funcionamiento. Las posibilidades de no solicitarlo aumentan en un 24,4% cuando solo se tiene un conocimiento superficial, y en un 37,8% cuando solo se ha oído hablar de él. Otra barrera es la percepción del IMV como un derecho y el conocimiento de los requisitos para solicitarlo. El 33,6% de las personas que podrían acceder a la prestación cree no cumplir las condiciones, y un 41,5% piensa que no le corresponde.
Algunas características sociodemográficas, como el género, la ubicación geográfica, los hijos menores o la edad, también condicionan el grado de solicitud del IMV. Así, los hombres presentan un 4,3 % más de probabilidades de no solicitarlo que las mujeres, no tener menores a cargo las incrementa un 7% y tener 65 o más años las eleva un 16,9%. Los residentes en centros urbanos lo piden un 5,9% más que los de las zonas rurales.
Asimismo, la percepción de seguridad económica aleja a las personas del IMV. Tener una vivienda en propiedad o empleo, y percibir facilidad para llegar a fin de mes, reducen las probabilidades de solicitar la prestación a personas con derecho a hacerlo.
Los resultados de este estudio, que se presentaron a mediados de marzo, llegan en un momento clave, cuando el Gobierno está revisando la primera fase de aplicación del IMV. Estos datos pueden aportar un gran valor en la configuración de las políticas de inclusión social para los próximos años.
Para Carlos Susías, presidente de EAPN-ES y EAPN Europa, “el IMV funciona, con deficiencias y problemas, pero funciona. Está cubriendo a muchas más familias que con los anteriores sistemas de rentas mínimas”, y que “no están recibiendo una paguita, están recibiendo un seguro de vida”, remarca. “Ahora, tenemos que afrontar los retos”.
Un acceso equitativo
El IMV se estableció en mayo de 2020, en plena pandemia, como una política clave para prevenir la pobreza y la exclusión social, en el marco del llamado ‘Escudo Social’. Esta estrategia evitó que un millón y medio de personas entrara en situación de pobreza en 2021, según el XII Informe ‘El Estado de la Pobreza en España’ de EAPN.
A la vista de los resultados de su investigación sobre el acceso a esta prestación, la Red lanza ahora una serie de recomendaciones para que mejore. Entre ellas, combinar de forma adecuada y efectiva esta ayuda estatal con las rentas autonómicas, promover un mayor conocimiento de la misma mediante campañas informativas y simplificar los trámites y plazos de resolución para ajustarlos a las necesidades de la población vulnerable.
EAPN también destaca la importancia de un acompañamiento a las personas que no han solicitado la prestación, pese a tener derecho a percibirla, para garantizar un acceso equitativo al IMV.
