Un juez de Zaragoza investiga el viaje a España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali

La asistencia sanitaria en España de Brahim Ghali, líder del Frente Polisario, no solo generó una crisis diplomática entre el Gobierno de Sánchez y el del marroquí Mohamed VI, sino que ya está judicializada. El magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 7 de la capital aragonesa, Rafael Lasala, investiga la entrada al país, a través de la Base Aérea de Zaragoza, del saharaui por la posible comisión de tres delitos: falsificación por uso de pasaporte ficticio, prevaricación y encubrimiento.

El magistrado ha emitido un oficio a la Guardia Civil en el que, según pudo saber EL PERIÓDICO, insta a que en el plazo de cinco días remitan al juzgado la identificación de los ocupantes del vuelo medicalicalizado procedente de Argelia que aterrizó en el aeropuerto de Zaragoza el pasado 18 de abril en torno a las 19.30 horas y en el que «al parecer viajaba el ciudadano saharaui Brahim Ghali, identificando igualmente los documentos de viaje que portaban con expresión de los visados de entrada y demás circunstancias que determinaron su entrada en el territorio nacional».

Las diligencias parten de una denuncia interpuesta por el abogado Antonio Urdiales, conocido en Málaga por defender, entre otros, al conocido como Sandokan en la operación Malaya. En ella pide este letrado que indague la participación de los funcionarios de fronteras de ese aeropuerto y del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, quienes «autorizaron la entrada de personas provistas con documentación falsa, siendo conocedores de que Ghali tenía incoadas sendas causas penales por grave delitos de genocidio y torturas ante el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, faltando a la obligación de poner estos hechos en conocimiento de la autoridad judicial de Zaragoza y permitiendo el traslado del denunciado y acompañantes a otra provincia».

Autoridades responsables

En la querella señala el letrado que «los responsables gubernamentales se niegan a informar, quebrantando las bases de un Estado de Derecho, con graves perjuicios, no únicamente a la credibilidad de las instituciones del Reino de España, sino a ciudadanos como el que suscribe que se ve directamente perjudicado en sus relaciones con los familiares residentes en Marruecos por las actuaciones claramente delictivas de algunos funcionarios de este Gobierno». «No es la primera vez, ni creo que será la última, que miembros del actual Ejecutivo se ven involucrados en actos que dejan a España a la altura de las repúblicas bananeras, Recuérdese el denominado caso Delcy por la presencia de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el aeropuerto de Barajas».

El letrado asevera que tras aterrizar en Zaragoza y emplear una ambulancia del Servicio de Salud de Aragón fue trasladado al hospital San Pedro de Logroño a las 22.48 horas, inscribiéndose como Benbatouche Mohamed, nacido el 19 de septiembre de 1950, es decir «una identidad falsa». Estuvo internado por covid-19. Asimismo, saca a colación la investigación de la Audiencia Nacional para añadir que «resulta imposible que las autoridades no conociesen la existencia de estos procedimientos al conceder el visado, no existiendo ningún precedente en España ni en otro lugar que, por motivos de humanidad, se conceda a un presunto delincuente un visado para acceder a España».

Concluye que hay dos hipótesis: o bien Ghali accedió al territorio nacional con pasaporte auténtico o bien con uno falso. En el primer caso se trataría de un delito de prevaricación y encubrimiento, mientras que el otro se circunscribiría en el marco del delito de prevaricación «porque habría un concierto entre el denunciado y las autoridades españolas».