Tribunales
El Supremo remite a la Audiencia Nacional el recurso de Torra y Costa por escuchas
Ambos aparecían junto al presidente de la Generalitat en la lista de 18 independentistas que habían sido sometidos a vigilancia por los servicios de inteligencia
![Quim Torra.](https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/24f5601b-3ddc-4e01-8a38-12b995329a12_16-9-discover-aspect-ratio_default_0.jpg)
Quim Torra.
Ángeles Vázquez
El escándalo del espionaje con Pegasus conocido hace unas semanas tiene varios frentes abiertos. Además de la vía penal por la que se investiga en la Audiencia Nacional el sufrido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y tres de sus ministros, ahora se abre otra en lo Contencioso-Administrativo a instancias del expresidente de la Generalitat Quim Torra y el exvicepresidente del Parlament Josep Costa.
La Sala Tercera del Tribunal Supremo considera que el recurso contencioso-administrativo presentado por ambos para proteger sus derechos fundamentales tras detectarse Pegasus, es competencia de la Audiencia Nacional, por lo que remitirán a ella las actuaciones, donde ambos exdirigentes catalanes podrán personarse.
El auto explica que Torra y Costa interpusieron un recurso contencioso para la protección de los derechos fundamentales, como prevé el artículo 115 de la ley que regula la jurisdicción de los Contencioso, en relación con el artículo 30, contra la actuación material constitutiva de vía de hecho consistente en la intervención, escucha, sustracción, recopilación, tratamiento, uso, difusión y/o almacenamiento de la información y comunicaciones de los recurrentes por parte del Gobierno de España y la Administración General del Estado.
Tanto Torra como Costa atribuyen a esa interceptación de sus comunicaciones a la directora del Centro Nacional de Inteligencia, entonces Paz Esteban y ahora Esperanza Casteleiro. De ahí que la Abogacía del Estado informara a favor de que la competencia corresponde a la Audiencia Nacional y no al Supremo.
Ambos aparecían junto al presidente de la Generalitat en la lista de 18 independentistas que habían sido sometidos a vigilancia por los servicios de inteligencia, según se supo tras la celebración de la comisión de gastos reservados del Congreso de los Diputados.
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