El Gobierno fue "probablemente" el primer cliente en la Unión Europea del programa de espionaje Pegasus, comercializado por la empresa israelí NSO Group. Es lo que apunta Sophie in’t Veld, ponente del informe de la comisión de investigación sobre este asunto en el Parlamento Europeo, en el borrador de informe presentado este martes y que servirá de base a partir de ahora para los trabajos de la comisión.

La liberal holandesa (del partido D66) se queja de que "el gobierno español ha dado poca información hasta ahora" sobre su papel en el espionaje invocando la necesidad de confidencialidad en relación con la seguridad nacional.

El borrador, cuya aprobación está prevista para marzo de 2023 o junio, en caso de que se prorrogara el mandato de la comisión de investigación, apunta a que el programa de espionaje israelí se habría utilizado en el caso español con dos objetivos de actores y por distintas razones. En primer lugar, para espiar al Gobierno de Sánchez. "Se cree que las autoridades marroquíes tenían como objetivo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la ministra de Defensa, Margarita Robles, y al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de forma similar al caso del presidente francés y los ministros del Gobierno", apunta.

En el segundo grupo de víctimas se encuentran las incluidas en el llamado 'Catalangate' y que incluye a parlamentarios catalanes, diputados del Parlamento Europeo, abogados, miembros de organizaciones de la sociedad civil y algunos familiares y personal relacionados con esas víctimas. “El escándalo de vigilancia del ‘Catalangate’ se denunció por primera vez en 2020, pero no fue hasta abril de 2022 cuando Citizen Lab completó su investigación en profundidad que se reveló la magnitud del escándalo. Los resultados de esa investigación, prosigue, mostraron que al menos 65 personas fueron objeto de vigilancia aunque en mayo de 2020, las autoridades españolas admitieron haber vigilado a 18 de esas 65 víctimas con autorización judicial.

"Sobre la base de una serie de indicadores se supone en general que la vigilancia de los objetivos catalanes fue llevada a cabo por las autoridades españolas, principalmente en relación con el referéndum de independencia del 1 de octubre de 2017 en Cataluña, y los acontecimientos posteriores”, sostiene sobre unas relevaciones que se conocieron en julio de 2021.