El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha propuesto juzgar a 14 personas, la mayor parte ciudadanos ucranianos y letones, por formar parte presuntamente de una red internacional dedicada al tráfico ilegal de armamento y blanqueo de los fondos ilícitos a través de una estructura societaria radicada fundamentalmente en Barcelona y Alicante.

En un auto de este mismo lunes, recogido por Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2 sostiene que este grupo trataba de dar apariencia legal a la adquisición de patrimonio de empresas de transporte marítimo que fletaban buques para trasladar material armamentístico.

En la resolución, el magistrado explica la operativa llevada a cabo por los investigados a través de una sociedad llamada LUMAR y sus diferentes sucursales dedicadas a enviar navíos para trasladar armas con destino a países en procesos bélicos sin la previa autorización de Naciones Unidas.

Esto, recuerda el magistrado, implica una violación de los embargos internacionales en tanto que la red introducía material militar, evitando los controles aduaneros y, por tanto, las sanciones que pudieran imponerse.

Según detalla el juez, los investigados desarrollaron ésta operativa durante dos décadas y, en concreto, dos de los máximos responsables, Aleksejs Dircenko, como presidente del Grupo Naviero Lumar, y Viktor Murenko, como director, en unión a terceros investigados, "habrían asentado una estructura económica que introduciría activos y capital de procedencia parcial o totalmente ilícita en el sistema financiero español".

El "objetivo final" de la red

Cada investigado, indica el magistrado, jugaba "un papel específico dentro de una operativa compleja cuyo objetivo final" era "el fraude organizado y el blanqueo de los beneficios obtenidos de forma ilegal con el tráfico de armamento".

"Así la organización investigada se encuentra dirigida desde Ucrania por personas como Oleg Etnarovych y Sergi Motsman, en las que el investigado Viktor Murenko formaría parte de un escalón superior o intermedio ejecutando las actuaciones de ocultación de dinero proveniente de actividades delictivas en territorio español", prosigue.

"Las formas utilizadas por los investigados para hacer uso en España del capital ubicado en el extranjero era", según el juez, "a través de traspasos entre cuentas internacionales que, posteriormente, se reintegran en cajeros en efectivo". "Los investigados extremaban algunas medidas de actuaciones en los movimientos de fondos para no ser descubiertos por las autoridades", recoge el auto.

Entre estas medidas, añade, "se ha detectado el transporte de dinero en efectivo de Francia España, en horarios concretos para coincidir con un control policial fronterizo menos estricto, acudir entidades financieras en las que no haya un importante número de trabajadores, así como la precaución del reintegro o ingreso del límite de las cuantías para no sobrepasarlas y activar las alarmas de prevención de las entidades bancarias u organismos fiscalizadores".

El instructor imputa a los investigados delitos de pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales, siendo el delito precedente la actividad ilicitica de comercio corrupto e ilegal de material militar de defensa y doble uso.

Por último, el juez Moreno da traslado a la Fiscalía para que en un plazo de diez días solite la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación o bien solicite el sobreseimiento de la causa.