Tres años sin tutelas

Han pasado casi tres años de la aprobación de la Ley 8/2021, que reformó la legislación civil para poner fin a una anomalía que diferenciaba a España del resto de los países democráticos de su entorno. Con esta norma terminaron las tutelas de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo mayores de edad, y se sustituyeron por curatelas o medidas de apoyo en la toma de decisiones, en línea con el mandato de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas.

Transcurrido este periodo, toca evaluar cómo se ha materializado el despliegue de la ley, y aquellas cuestiones que quedan pendientes para garantizar que los apoyos están ajustados a las voluntades y necesidades de cada persona, y que estos se adaptan a los distintos periodos de vida del individuo. Y así se hizo en el Salón de Grados de la Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza, que acogió, los días 7 y 8 de marzo, el II Congreso Estatal sobre el Derecho a Decidir con Apoyos, organizado por la asociación Liber, con el apoyo de Plena inclusión y su federación autonómica aragonesa.

Durante estos dos días, más de 250 profesionales del sector social, expertos juristas y personas con discapacidad de toda España se reunieron para debatir y reflexionar sobre sobre el respeto a la voluntad y preferencias de las personas con discapacidad, los problemas y soluciones en el apoyo a la toma de decisiones, los efectos de la reforma o los desafíos para un despliegue efectivo de la ley.

Luis Gonzaga, presidente de Liber y de la fundación aragonesa Luis de Azúa, aseguró que “es el momento para que se produzca un cambio en el entorno, una transformación en la mentalidad social”. En este sentido. Luis Cayo, presidente del CERMI, destacó que “no se trata solo de cambiar textos, sino de cambiar vidas. La gran reforma del Código Civil es una estación de inicio”.

“Nuestro modelo de apoyos se basa en cuatro pilares: el modelo social de la discapacidad, el modelo de calidad de vida, la planificación centrada en la persona y el enfoque de derechos; siempre desde el respeto a la voluntad, deseos y preferencias de la persona”, señaló Carmen de la Llave, directora de Futucam, una de las 33 entidades que forman parte de Liber. Y concluyó que “este modelo se puede aplicar también desde las familias. En el caso de las personas con grandes necesidades de apoyo serán necesarias adaptaciones, capacidad de escucha activa, el conocimiento profundo de la persona y la relación con su entorno”.