Con la explícita esperanza de que el Gobierno retroceda y reinicie el permiso a fumar en la hostelería española, los propietarios de bares y restaurantes empezaron a acatar ayer la nueva ley antitabaco, que prohíbe consumir cigarrillos en bares y restaurantes de todos los tamaños, al igual que en cualquier espacio público cubierto, ya sea comercial, cultural o administrativo, con excepción de cárceles, psiquiátricos, áreas privadas de residencias de ancianos y clubs de fumadores.
La ley no elimina ninguna prohibición de consumir tabaco que figurara en la anterior norma, sino que añade la mayoría de espacios que quedaron en situación ambigua, como son los bares y restaurantes pequeños, donde, de forma general, se optó por permitir fumar. Los gremios y federaciones que agrupan al sector de la restauración no dudan de que sus representados acatarán la nueva ley aunque al hacerlo pierdan clientela, punto que es objeto de controversia.
"Somos los más cumplidores del empresariado: en la hostelería, la ley se cumplirá", dijo, con rotundidad, Gaietà Farrás, vicepresidente de la Federación Española de Hostelería. "Pero es evidente que algunas comunidades fueron más laxas que otras al obligar a acatar la anterior ley antitabaco", añadió, en alusión a los decretos aprobados en Valencia, Madrid, Castilla y León y La Rioja, que suavizaron, o eliminaron, la prohibición de consumir tabaco en los restaurantes de cualquier tamaño. Todos esos decretos fueron recurridos por el Ministerio de Sanidad, acción que no modificó el notorio incumplimiento de la normativa.
Ahora puede ser distinto, ya que la cuantía de las multas asusta. "Me sale más caro pagar una multa de 2.000 o más euros que perder algún cliente fumador", comentó un propietario de un bar del centro de Zaragoza. Una infracción leve cometida por quien fume en un bar, y por quien lo permita, se sancionará con multas de 30 a 600 euros. Si la acción se repite, la incorrección podrá clasificarse como moderada, y la multa oscilará entre los 601 y los 10.000 euros. Las acciones muy graves se penalizarán con el pago de entre 10.001 y los 600.000 euros.
EL FUTURO Pensando en Grecia y Holanda, países que o han dejado en suspenso su ley antitabaco (el primero) o han introducido paréntesis permisivos para el consumo, los restauradores españoles confían en un retoque de la norma española. "Desearíamos que dieran marcha atrás --reconoce Farrás--. Una ley se cambia por otra ley, y listos".
La actitud de los ciudadanos fumadores será, de forma mayoritaria, cumplidora con la ley, sostienen los técnicos del Departamento de Salud del Gobierno de Aragón. Al igual que sucedió tras la entrada en vigor de la primera normativa antitabaco, el Ejecutivo autonómico mantendrá una actitud inicial más informativa que penalizadora con los implicados en el cambio legislativo. Pero solo será así al inicio. El desconocimiento de una ley no exime de su cumplimiento, recuerdan, en alusión a los ciudadanos que dicen no haber sido suficientemente informados.
Los más de 200 inspectores de Salud Pública de la DGA se encargarán desde hoy de vigilar el cumplimiento de la nueva Ley antitabaco, ya que ayer no hubo ninguna inspección específica.
Dada la extensa red de bares y restaurante que existen en España --más 360.000-- y la dificultad que eso implicará para los inspectores encargados de controlar el cumplimiento de la ley, la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios (FACUA) ha incorporado a su web (facua.org) un apartado que recogerá las denuncias de los ciudadanos. Los datos recibidos se remitirán a los gobiernos autónomos.
Los salones de restauración dedicados a bodas y demás celebraciones deberán suprimir la general tolerancia con que hasta ahora cumplieron la anterior ley antitabaco. Aunque dicho texto ya prohibía el tabaco en la reuniones masivas, la ley se cumplió de forma muy irregular.
