Archivo, ya

En una reconversión laboral y societaria dañina para su reputación, lo que le faltaba a Caja3 era meterse en un lío denunciando a una plataforma de desamparados por los desahucios tras una protesta pacífica en sus oficinas. Acierta por tanto la entidad al rectificar, con su renuncia a cualquier actuación judicial contra las personas que ocuparon la sede de CAI en Zaragoza, incluido un hipotético resarcimiento por daños que, por otra parte, no se produjeron.

Sin víctima perjudicada, el delito investigado difícilmente puede ser lesivo. Ante esta nueva situación, la Policía debería olvidar el asunto y centrarse en otras causas realmente importantes, que faena no le faltará si la busca; la delegación del Gobierno, abandonar el perfil justiciero y ejemplarizador que ha adoptado desde que Gustavo Alcalde ocupó el despacho de la plaza del Pilar; y el juez Picazo, condescender y decretar el archivo de la causa. Si la imputación de 52 personas por la protesta, incluidos consejeros de la entidad financiera y periodistas, ya suponía un exceso, con Caja3 capitulando puede considerarse una broma pesada.

Comienza ahora una nueva etapa en la que la entidad debería abrir vías de diálogo con los afectados y prepararse para la que se le vendrá encima por la sentencia de la cláusula suelo en las hipotecas, que también puede repercutirle en forma de damnificados quejándose de lo suyo.