Unas 1.500 niñas residentes en Aragón están en riesgo de sufrir una mutilación genital y con sus familias se trabaja en la prevención a través de un protocolo puesto en marcha con éxito hace un año por el Gobierno aragonés en colaboración de Médicos del Mundo.
Ese es el balance que ha hecho hoy, en el Día Internacional de Tolerancia Cero contra esta lacra, la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, quien ha subrayado que la mutilación genital "es lo más duro que le puede ocurrir a una mujer" y que el Ejecutivo aragonés tiene claro que es necesario trabajar para erradicar este ataque contra la integridad personal de las mujeres.
Con ese objetivo se presentó hace justo un año un protocolo que implica a los departamentos de Ciudadanía y Derechos Sociales, Sanidad y Educación con las aportaciones de Médicos del Mundo y gracias al cual se ha conocido la situación en Aragón de las alrededor de 1.500 niñas y adolescentes que podrían sufrir mutilación de acuerdo con sus países de procedencia y con cuyas familias se trabaja en la prevención.
Este protocolo abarca también la formación de profesionales, en concreto a 130, y la firma con 30 familias de un compromiso para que sus niñas no sufran ninguna agresión cuando viajan a sus países de origen.
Sobre este punto, la directora del Instituto Aragonés de la Mujer, Natalia Salvo, ha detallado que las niñas siguen un reconocimiento médico antes de viajar a sus países de origen y también a su regreso para comprobar que no han sufrido ningún tipo de agresión, y en el caso de que así fuera, intervendrían las fuerzas y cuerpos de seguridad al tratarse de un delito.
Broto ha insistido en la importancia que tiene la formación de todo el núcleo familiar para evitar que las niñas puedan sufrir una mutilación cuando van a sus países de origen y en que se trata de una cuestión de prevención, y cuando se les explica entienden los riesgos sobre la salud "por encima de sus tabúes y de su educación".
El último caso se detectó en Aragón en el año 2010 y como consecuencia de ello se puso en marcha un primer protocolo que se actualizó hace justo un año para adaptarlo a las situaciones que se dan en la actualidad.
El objetivo es garantizar un modelo de coordinación entre los sistemas de protección, así como profundizar en la formación de profesionales y en la sensibilización de la sociedad en general contra la mutilación genital femenina.
Incluye todas las prácticas que implican la extirpación total o parcial de los genitales femeninos, ya sea por motivos culturales, religiosos o por cualquier otra razón no terapéutica, y que puede acarrear graves consecuencias para la salud de las mujeres como dolor intenso, hemorragias, infecciones y lesión de órganos y estructuras anatómicas.
Salvo ha explicado que el problema de la mutilación no es tanto una cuestión de países sino de regiones en las que pervive esta práctica porque muchas veces las leyes no están en consonancia con la realidad social, ya que prácticamente todos los países africanos cuentan con legislación al respecto.
Así, ha detallado que la concreción en esas regiones permite trabajar con los indicadores para establecer el porcentaje de mujeres y niñas que hay en Aragón en riesgo, alrededor de 1.500 de entre 6 y 15 años aproximadamente de regiones de Gambia o Etiopía.
