El compromiso del dictamen fija una inversión en Educación no inferior al 15%, de acuerdo con el presupuesto del 2018, para alcanzar un 7% del PIB en el 2030. Así, se incrementará anualmente, como mínimo, un 0,25% la inversión. Además, se detalla que en el caso de que los presupuesto de la comunidad suban, las cuentas en Educación también deberán crecer.
El dictamen educativo quiere impulsar un plan estratégico de escuela rural, sobre todo en centros incompletos o unitarios. También favorecer la estabilidad de los docentes que trabajan en los municipios, mantener abiertas las escuelas con un mínimo de tres alumnos y garantizar un transporte seguro para el alumno. Además se quiere poner en marcha los Consejos Escolares Comarcales.
El primer ciclo de Infantil se hará extensivo y accesible a todos, especialmente a los más vulnerables, tendiendo a la gratuidad. En el segundo ciclo de Infantil se quiere tender a reducir las ratios actuales, que son de 22. Por otro lado, la Formación Profesional es consideraba importante para el futuro laboral y se apuesta por ampliar la oferta y fomentar una FP en el ámbito rural.
La implicación activa del profesorado en el centro es un elemento esencial de calidad. El informe propone, entre otras cosas, la reducción de la interinidad al 8% en el plazo de dos legislaturas para garantizar su estabilidad laboral; una formación permanente; o la dotación de recursos, con ratios fijas, para que se alcancen las competencias en favor de una atención más individualizada.
La equidad, entendida como bien público y un derecho, obliga a articular mecanismos inclusivos. En este sentido, el documento señala que Aragón debe aumentar sustancialmente las becas de comedor y material escolar, tendiendo a la gratuidad; así como proporcionar herramientas para evitar el abandono. También reclama atención para el alumnado con necesidades.
