La casualidad había querido que la comparecencia solicitada por el PP en la Comisión de Economía del Ayuntamiento de Zaragoza para debatir sobre la Ley de Capitalidad coincidiera con el maremoto político desatado por el Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) la semana pasada, al tomar por la fuerza el control de las sociedades mercantiles municipales. Servía en bandeja el primer cara a cara en el salón de plenos en el que, aparte de la ya sabida soledad de quienes adoptaron la decisión, la oposición les advirtió de que está decidida a tomar todas las medidas judiciales y políticas necesarias «si ZeC no rectifica de oficio». Por un «golpe» que ayer se convirtió en «asalto» al control de estas entidades mercantiles.

El responsable de las finanzas municipales, Fernando Rivarés, se tuvo que escuchar de todo. PP, PSOE, Ciudadanos (Cs) y CHA arremetieron contra una decisión que «no es ideología» sino que «atenta contra los principios de la democracia» y «traiciona las reglas del juego», las que todos los partidos marcaron al inicio de la legislatura con un marco de funcionamiento que decía que estas sociedades respetarían la representatividad del pleno.

Rivarés se aferró nuevamente a la «legalidad» de una ley de capitalidad que el resto le recordó que «le permite hacer lo que hizo pero no le obliga». Y que ejecutar la posibilidad de que el Gobierno de la ciudad asuma el papel de la Junta General de estas entidades mercantiles, ahora en manos del pleno, es no respetar el máximo órgano de representación de la ciudadanía, de los miles de votos que recibió la oposición en el 2015.

Rivarés replicó que las sociedades de la DGA ya funcionan como ZeC propone, con decisiones adoptadas por el Ejecutivo y una representación mínima del resto de partidos. Y que esta ley de capitalidad, con este artículo que han hecho valer «lo creó Luisa Fernanda Rudi» siendo presidenta de Aragón, y lo ha mantenido el PSOE. «Quizá porque pensaron que gobernarían», dijo el edil. Y que en las enmiendas a esta ley, solo el PAR atacó este apartado, sin éxito.

«Va de democracia», le dijeron todos, de respetar «la libertad, de todos y no de unos pocos», y «la autonomía municipal». Lo achacaron a su «impotencia e incapacidad de llegar a acuerdos». «Ni la derecha más reaccionaria se atrevería a hacerlo», remató CHA.