La sentencia por el caso saqueo de Plaza está a un paso de ser firme, después de que haya decaído el recurso anunciado por el Ministerio Fiscal ante el Tribunal Supremo. En dicho fallo, la Audiencia de Zaragoza confirmó que en paralelo a la puesta en marcha de la Plataforma Logística de Zaragoza se creó una trama que malversó el dinero público que se inyectó en el proyecto.

Fueron los dos fiscales que llevaron la investigación, pertenecientes a Anticorrupción, Juan José Rosa y José Grinda, quienes anunciaron el recurso de casación de este fallo. No estaban de acuerdo con la absolución de los tres únicos procesados que no llegaron a ningún acuerdo con ellos, el exvideconsejero socialista de Obras Públicas, Carlos Escó, y los empresarios Agapito Iglesias y Miguel Ángel Floría.

Rosa y Grinda consideraron que había razones para recurrir la sentencia del tribunal provincial zaragozano al entender que los magistrados habían incurrido en varios errores a la hora de apreciar determinadas pruebas que hubieran llevado a condenar a los tres enjuiciados. Sin embargo, la Fiscalía del Tribunal Supremo difiere en esta visión y decidió presentar un escrito por el que acuerda desistir en dicho recurso. María Ángeles Garrido es la representante del ministerio público en el Alto Tribunal que firma esta decisión jerarquizada remitida a la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

PENAS / Agapito ­Iglesias (que está siendo juzgado por el supuesto amaño del Levante-Zaragoza y que está a la espera de sentarse en el banquillo por el caso Luccin) era el que se enfrentaba a mayor pena de prisión. En concreto afrontaba por cohecho y falsedad 5 años y 10 meses de prisión y una multa de 755.000 euros.

El ministerio público pedía para Escó 4 años y 9 meses de prisión junto a 20.000 euros de multa y 21 meses de inhabilitación por cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y malversación caudales públicos. En el caso de Floría afrontaba una pena 3 años y 3 meses de cárcel, 20.000 Euros de multa y 13 meses de inhabilitación.

Los cerebros del caso, el exgerente de Plaza, Ricardo García Becerril, y el directivo de Acciona, José María Jordán, admitieron cumplir pena de prisión, aunque lejos de los 23 y los 11 años a los que, respectivamente, se enfrentaban. Ambos pidieron perdón durante la vista oral.

García Becerril reconoció haber cometido hasta seis delitos diferentes (prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad de documento mercantil, cohecho, contra la Hacienda Pública, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales). Todo ello se traduce en dos años y un día de cárcel, más de 700 jornadas de trabajos para la comunidad y la devolución de parte del dinero defraudado que llega en su mayoría por lo decomisado como el apartamento de Salou, una nave por valor de 700.000 euros, un trastero o los 80.000 euros procedentes de la venta de un yate.

Con quien se unió para que la UTE Plaza consiguiera un enriquecimiento ilícito mediante el ficticio aumento de las obras o la subida de los precios, José María Jordán quien aceptó dos años y un día de prisión, así como el pago de una multa de 100.000 euros. Reconoció ser autor de un delito continuado de prevaricación, otro de malversación de caudales públicos, cohecho y falsedad en documento mercantil.

PAGO PREVIO / El acuerdo pudo firmarse, después de que Acciona decidiera pagar casi 60 millones de euros, quince de los cuales fueron ya consignados con un cheque para evitar su responsabilidad civil subsididaria. El resto del dinero defraudado, un total de 147 millones, se resolverá por un procedimiento civil de arbitraje al que dieron su visto bueno tanto las acusaciones particulares en nombre del Gobierno aragonés y de la sociedad pública Plaza, como de la UTE.

En el marco de ese pacto global, la Fiscalía Anticorrupción decidió retirar la acusación contra varios empresarios: Ramón Margalejo; Francho Chabier Blasco; María Luisa Roca; Manuel Miguel Colonques (dueño de Porcelanosa) o José Luis Albendea.