Aragón cuenta con 201 granjas en núcleos urbanos, de las cuales la inmensa mayoría, 173 no han regularizado su situación para adaptarse a las sucesivas normativas que han ido fijando las condiciones de las explotaciones ganaderas. Las granjas en cascos urbanos se reparten por 78 municipios, la inmensa mayoría de los cuales se ubican en la provincia de Huesca, con apenas un puñado de ejemplos en Zaragoza y Teruel.
El Gobierno de Aragón promulgó ya en 1997 un decreto sobre las directrices parciales sectoriales de la actividad ganadera, que entre otros muchos asuntos regulaba las distancias mínimas a los núcleos urbanos. Y daba un plazo de 5 años para solicitar licencia de actividad a las granjas ubicadas en cascos urbanos que aún pudieran seguir allí, que se ampliaba hasta 20 en el caso de las que no estaban en los límites de los municipios. Pero pasados 21 años, las hay que siguen en los pueblos y sin regularizar.
La cifra sorprendía en la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA), ya que no les contaban estas cifras de explotaciones ganaderas irregulares que sí maneja el Gobierno de Aragón.
Según explicaron, tanto el citado decreto de 1997 como otro que lo modificó en el 2009, atendiendo a nuevos criterios medioambientales, daban en resumidas cuentas tres posibilidades a los ganaderos que tuvieran la explotación (granja, corral, etc.) en suelo urbano: trasladarla, cerrarla o legalizarla en precario, esto es, funcionar con ella hasta la jubilación, sin posibilidad de traspasar la propiedad y siempre que no hubiese conflicto municipal.
Fue una norma, recordaban en UAGA, «muy importante económicamente», al obligar a muchos a trasladar el negocio, aunque contenía regulaciones menos duras para zonas especialmente desfavorecidas del Pirineo, que cuenta con varios ejemplos de estas explotaciones perfectamente conocidas por el Gobierno de Aragón sin que conste que hayan regularizado su actividad, ni que se practique ninguna actuación al respecto.
Los decretos se han ido complementando con órdenes, la última del 2015, que ampliaba los requisitos en cuanto a distancias mínimas no solo de los núcleos urbanos, sino de otras infraestructuras como carreteras, muladares o casas de turismo rural.
El sector espera la promulgación de una nueva orden, que debería haber salido en junio pero va con retraso, y que se espera que sea más restrictiva, particularmente con el tema de los purines ante el crecimiento de la ganadería porcina.
