La alcaldesa de La Muela, Marisol Aured, se sentará en el banquillo de los acusados para hacer frente a una acusación de prevaricación por la que la Fiscalía solicita para ella una condena de siete años de inhabilitación.
Aranade, la empresa que gestionó el urbanismo en La Muela bajo el mandato de Mariví Pinilla, llevó al juzgado como presuntas autoras de un delito de prevaricación, además de a Aured, a su concejala de Personal y Régimen Interior, Rosa Barceló, y a la exinterventora interina. Aranade sostiene que delinquieron al haber rechazado cargar al Plan de Proveedores unas facturas fechadas en el 2007 y presentadas en el 2012 que suman 1,1 millones de euros y que Aranade giró a la SUM (Sociedad Urbanística Municipal) por su labor como gestor de la misma.
Sin embargo, la jurisdicción civil, en el proceso concursal de la SUM, ha avalado la decisión del equipo de Gobierno, que rechazó pagar esas facturas al considerarlas carentes de un soporte documental que certificara la existencia de los trabajos.
El presidente de Aranade, Julián de Miguel, es uno de los personajes centrales de la operación Molinos, cuya primera denunciante fue la actual alcaldesa.
De Miguel se encuentra en libertad bajo fianza y la Fiscalía solicita para el 26 años de cárcel, 15 de inhabilitación para puestos en la administración, otros doce para gestionar empresas y una multa de 19,6 millones.
La defensa de la alcaldesa sostiene que no cometió ningún delito al rechazar, siguendo el criterio dela Intervención, el pago de las facturas de Aranade.
CAZADORES Por otro lado, el magistrado del Juzgado de Instrucción número 1 de La Almunia, Alfredo Lajusticia, ha decretado el sobreseimiento provisional de las diligencias que abrió tras recaer en su tribunal una denuncia de la Sociedad de Cazadores de La Muela contra la alcaldesa , a la que imputaban un delito de prevaricación.
Le acusaban de haberse saltado la ley al haber decidido no sacar a licitación la explotación del coto de caza en lugar de convocar un concurso, como señalaba un acuerdo aprobado por el pleno.
El instructor de la causa, cuyo auto de archivo refiere las discrepancias que este asunto provocó entre los distintos crupos municipales de La Muela, rechaza el planteamiento de la acusación. "Diversas actuaciones se han producido en aras a conseguir la ejecución del acuerdo inicial que impiden considerar que la alcaldesa querellada se negó de forma deliberada y contumaz a la ejecución del citado acuerdo", señala la resolución.
Algunas de esas actuaciones han retrasado la resolución del conflicto, como el preceptivo informe del Inaga (Instituto Aragonés de Gestión Ambiental), la elaboración de varios dictámenes para determinar si el la capacidad de decisión debía recaer sobre la alcaldía o sobre el pleno y, también, la preparación de los pliegos de condiciones.
