El titular del Juzgado de Instrucción número 11 de Zaragoza archivó ayer de forma provisional la investigación contra el presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), el socialista Juan Antonio Sánchez Quero, y a siete personas más, por supuesta prevaricación y tráfico de influencias en las oposiciones a bomberos de esta institución.

El magistrado, Luis Fernando Ariste, admite en el auto al que tuvo acceso EL PERIÓDICO, que de las diligencias practicadas se desprende que «existió un conjunto de exámenes con resultados anómalos, siendo la causa más probable de tales anomalías el conocimiento previo por parte de los opositores que los realizaron del contenido de preguntas del mentado examen». No obstante, señala «que no se ha podido determinar conductas de los investigados que permitan inferir la filtración de las preguntas». «Al margen de sospechas y conjeturas, no se han constatado motivos suficientes para acusar a determinadas personas», asevera el instructor.

Una afirmación que no comparte la abogada de los ocho opositores a bombero, Carmen Sánchez Herrero, quien va a recurrir este sobreseimiento provisional. En la querella se alegaba que las oposiciones al Cuerpo de Bomberos de la DPZ están hechas para que «las aprueben personas con afinidades, simpatía política con el presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza, el presidente del Tribunal de oposición». Apuntaban los querellantes que el modo de proceder «es el filtrado de preguntas a personas elegidas y la elaboración de un examen que resulta imposible de aprobar salvo que sepas de antemano el contenido del mismo; y que los rumores eran tales que en relación con el concurso-oposición de turno libre de 30 plazas de Bombero-conductor del Servicio Provincial de Extinción de Incendios que se mandó convocar por decreto el 11 de junio del 2017, se sabía de antemano quién iba a aprobar».

A la oposición se presentaron 476 personas, de las que solo aprobaron veinte. Para probar sus temores, antes de que se conocieran los resultados de la prueba teórica, uno de los denunciantes levantó dos actas ante notario. A pesar de ello, el magistrado no ha encontrado pruebas que demuestren que «las alegadas relaciones (amistades o relación laboral) entre querellados y los opositores» llevaron a los primeros a filtrar el contenido de las preguntas. Apunta a que el origen puede ser de «múltiples fuentes».