La principal preocupación de los aragoneses como consumidores en el año 2019 fueron las telecomunicaciones. Así lo aseguró Pablo Martínez, el director general de Protección de Consumidores y Usuarios del gobierno autonómico, en la presentación de la memoria anual, donde también se publicó el programa de actos con motivo de la celebración del Día Mundial de los Derechos de los Consumidores en el territorio aragonés.
Entre los sectores con más consultas realizadas a la red de atención al consumidor, se encuentra el de telecomunicaciones (contratación en telefonía e internet) en primer lugar, seguido de las atenciones por los suministros, correspondiente al ámbito de la energía eléctrica y gas (tarifas, bono social), a continuación las cuestiones bancarias y por último la vivienda. Del total de atenciones generadas a la red de atención al consumidor, cifrado en 76.067 aragoneses, 19.587 corresponden al sector más demandado y 10.998 al segundo.
Más reclamaciones // «Las telecomunicaciones han subido un 18,84% más que el año anterior. Tiene que ver con las propias estrategias de atención al cliente de las compañías, en la lucha por la portabilidad y atraer clientes, las ofertas y contraofertas son desconcertantes para los consumidores», argumentó Martínez, quien estuvo acompañado en la presentación de los datos por Carlos Peñasco, jefe de Servicio de Consumo, y Javier Masip, jefe de la Sección de Control de Mercado.
Las atenciones en el sector energético han incrementado del 10,64% en el 2018 al 14,16% en el 2019. «Tenemos algunas compañías adheridas al sistema arbitral de consumo, que genera esa llamada. Las novedades del bono social también han provocado la subida, ya que partíamos de una situación en la que solo se refería a la potencia contratada y ahora se exigen ciertos perfiles de vulnerabilidad económica», añadió.
En cuanto a la banca, este sector ocupa el tercer lugar, a diferencia de ser el segundo más demandado en el ejercicio anterior. «La mayor parte de las comisiones bancarias tienden a generar cantidad de consultas», según las palabras del director general.
El perfil medio de las personas que se han dirigido a la red es mujer de entre 40 y 52 años, que prefiere la atención presencial en más del 50%. La mayor parte de las atenciones fueron «simples consultas» sobre cuestiones de información general, el incumplimiento de contrato o las irregularidades en la prestación del servicio o la factura.
Las atenciones en el pasado año se dividen en su mayoría en consultas, correspondiendo a un 67% del total, la reclamación supuso un tercio, la denuncia únicamente un 3% y un 1% fueron quejas.
Los servicios provinciales registraron 3.659 denuncias, de las que un 11,83% se relacionan con suministros de energía eléctrica y gas, mientras que las telecomunicaciones son el 10,33%. El resto se agrupan en otros sectores como los talleres de reparación, los servicios de ocio o las tintorerías, entre otros. «Inspección actúa por denuncia de los consumidores cuando hay que constatar algún dato y en campañas organizadas a lo largo del año para el control de productos y servicios», indicó Martínez.
Retirados 254.865 productos
A lo largo del año 2019, la Inspección de Consumo actuó en 2.665 establecimientos de las tres provincias aragonesas, que generaron casi 33.000 actuaciones inspectoras. El director general explicó que la gran actividad de la inspección, cerca del 95%, es generada por la Red de Alerta de Seguridad de los Productos, un sistema de información en el ámbito de la Unión Europea que permite detectar en el mercado aragonés productos que pueden resultar peligrosos para los consumidores o que no reúnen los requisitos de seguridad. En el pasado año se intervinieron en la comunidad 254.865 unidades de producto y hubo alertas sobre 3.073 productos. «La gran mayoría fueron juguetes, vehículos y accesorios, luminarias, vestimenta infantil y material eléctrico», según Pablo Martínez, quien señaló que más de la mitad, «el 58% de los productos alertados tenían procedían de un país asiático y casi el 10% eran de origen desconocido».
Alcañiz será la sede del acto central de la celebración el próximo domingo
El Día Mundial de los Derechos del Consumidor tiene lugar el domingo 15 de marzo, sin embargo desde la Dirección General de Protección de Consumidores y Usuarios, se organiza una amplia programación que ocupa tres semanas hasta el 25 de marzo. La primera cita será el próximo jueves en Huesca, con la primera aula de consumo 2020. El próximo domingo a partir de las 11 de la mañana, la plaza de España de Alcañiz será el escenario del acto central, con varias exposiciones y actividades. «Es una llamada al consumo responsable. Pretende ser un encuentro ciudadano, intergeneracional, abierto, de consumidores y comerciantes», explicó Martínez. El resto de actos se celebrarán en su mayoría en la capital aragonesa, pero otras localidades como Jaca, Utrillas, San Esteban de Litera y Borja también forman parte del programa con diferentes campañas y conferencias en torno al consumo y los derechos de los consumidores.
