El Ayuntamiento de Zaragoza ha trasladado al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas sus dudas sobre la aplicación de la nueva Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, especialmente en la gestión de las competencias que han dejado de ser propias.
Según ha informado el consistorio, que apoya el recurso de inconstitucionalidad contra esta reforma, la aplicación de la nueva ley, que entró en vigor el 31 de diciembre, "está provocando ya en la gestión de los ayuntamientos mucha incertidumbre, muchas dudas y los primeros problemas".
Al Gobierno de Aragón ya ha remitido "la solicitud de pronunciamiento preceptivo sobre la gestión de las competencias que estamos ejerciendo actualmente", según se señala en un comunicado del consistorio.
Para hacer frente a esta situación, a través de la plataforma interactiva digital del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, ha planteado una serie de preguntas de carácter urgente, referidas en su mayor parte al ejercicio de competencias distintas a las propias y de las atribuidas por delegación.
Entre otras, cuestiona sobre qué plazos dispone la Administración Autonómica para emitir los informes preceptivos y vinculantes sobre las competencias, y qué consecuencias jurídicas tendría "la hipotética inactividad de la administración autonómica en este caso, es decir, que no conteste".
También sobre qué sucede con los contratos vigentes de servicios de competencias que no son propias ni delegadas, y para los que se ha solicitado los informes previstos por la Ley, sin que se haya resuelto todavía nada por la administración autonómica.
En el caso de que la administración autonómica emita informes negativos, el Ayuntamiento plantea qué debe hacer con los contratos de prestación de esos servicios, como los contratos de la limpieza, servicios de comedor y restauración colectiva y suministro de energía de los Colegios Públicos y Escuelas Infantiles Municipales.
Otra consulta se refiere a las convocatorias de subvenciones en materias que ya no son competencias propias ni delegadas, como los Convenios de Cooperación al Desarrollo, Acción Social, Juventud, Participación Ciudadana, Consumo o Medio Ambiente, etc.
También cuestiona sobre la vigencia de las Ordenanzas Municipales que regulan las Prestaciones sociales a Domicilio, Escuelas Infantiles, Centros de Enseñanzas Artísticas, o la prohibición legal relativa a las aportaciones patrimoniales.
