El Gobierno de Zaragoza no comprará el edificio okupado de la calle Eva Duarte, en el barrio Oliver, como pretendió hacer el anterior equipo de Zaragoza en Común (ZeC) que llegó a firmar el acuerdo, pero no a ejecutar. La decisión se trasladará este jueves al consejo de administración de Zaragoza Vivienda y tendrá que someterse a votación, aunque todo apunta a que PP y Cs contaran, como mínimo, como los votos a favor de Vox, que le otorgaran la mayoría.

El consejo de administración aprobó el 28 de febrero del 2019, con la abstención del PP, adquirir de forma directa por parte de la sociedad este inmueble de Banteirra por el precio de 597.515,64 (IVA no incluido) con la finalidad de que pasase a formar parte del parque de Zaragoza Vivienda y dar una alternativa legal a sus ocupantes. Un mes después, el 19 de marzo, se notificó a la empresa inmobiliaria propietaria la decisión y las condiciones que incluía el acuerdo que, por otra parte y según el informe de Zaragoza Vivienda, no se han ejecutado a día de hoy.

Entre otras cosas, incluía la necesidad de formalizar el contrato de compraventa y la elevación de escritura pública e inscripción en el Registro Mercantil. Ni se ha hecho ni la propiedad ha requerido el otorgamiento de la escritura pública y el pago del precio a la sociedad municipal.

En la sesión de hoy, el gerente de la sociedad, Nardo Torguet, presentará la propuesta para dejar sin efecto el acuerdo de febrero del 2019 por el que se acordó proceder a la compra de este inmueble.

Según el documento, esta decisión se ha tomado por coherencia política, ya que el actual Gobierno de PP y Cs no comparte el modus operandi diseñado por ZeC en materia de okupación.

El Gobierno municipal de PP y Cs ha decidido renunciar a la compra del bloque por dos motivos. Por un lado, por cuestiones políticas, bajo la idea de que las personas que okupan una vivienda no pueden tener prioridad sobre aquellas que se encuentran en la lista de espera para un alquiler social. Y por el otro porque el pasado 23 de diciembre ya anularon el programa municipal para hacer frente a la okupación y que puso en marcha ZeC.

AVAL JURÍDICO

Según un informe jurídico, el hecho de que ya no exista este programa municipal permite a la sociedad dar marcha atrás en el proceso de compra, porque la adquisición del edificio se enmarcaba en este plan y surgió con la idea de dar una salida a las familias que lo habitan ilegalmente. En el documento se incluye también la consideración de que este hecho podría ser «lesivo» para los intereses del consistorio.

Por otro lado, según consta en el documento que hoy se eleva al consejo, la propiedad del inmueble ha solicitado la reanudación de los procedimientos judiciales para desalojar a las familias que habitan en los dos pisos de este edificio, como ya intentó en una ocasión. En este inmueble del barrio Oliver viven 23 menores de edad a los que, en caso de ser desalojados, habrá que dar una alternativa habitacional, aunque solo sea de forma temporal.