Alerta e incertidumbre entre el personal de las escuelas infantiles privadas de Aragón que, ante el boom de las aulas de 2 años en los colegios públicos, temen «más que nunca» por su futuro. Desde la Patronal Aragonesa de Centros de Educación Infantil (PACEI) aseguran que, desde el 2016 —año en el que se abrieron las primeras aulas de 2 años— han cerrado 32 centros (30 en Zaragoza y dos en Teruel) y más de 350 personas se han quedado sin trabajo. «En el 2016 se nos dice desde la DGA que esto nace como un proyecto piloto para revitalizar los colegios públicos de baja demanda o con mala consideración», explican desde PACEI. Sin embargo, su «sorpresa e indignación» llegó al comprobar que estas aulas piloto «se generalizaban e incorporaban también a centros con buena demanda y sin rasgos de exclusión social entre su alumnado», añade la patronal.
El próximo curso, más de 20 colegios públicos de Aragón presentarán aulas de 2 años. En el reciente proceso de escolarización ya se ha detectado una alta demanda de este tipo de enseñanza, gratuita para los padres. Por su parte, el coste de una plaza en un centro privado va desde los 170 euros al mes hasta los 450. «Nosotros no estamos en contra de la universalización de la educación de 0--3 años, nos parece una buena idea, pero creemos que se debería contar con nuestros centros. Sería coste cero en infraestructuras para la DGA y los ayuntamientos y, además, el menor estaría en un entorno más adecuado que un colegio», apuntan miembros de la patronal.
Trabajadores
En el apartado laboral, PACEI alerta de que desde el 2015 «más de 350 personas» se han quedado sin empleo, pero las 1.000 empleadas (la mayoría son mujeres) que actualmente trabajan en los centros privados homologados «también están en una situación complicada». A ellas se suman otras 2.000 que también ejercen en centros infantiles de titularidad pública. «¿Qué pasará con todas ellas?», se preguntan desde PACEI.
Miembros de la patronal mantuvieron el pasado 15 de abril una reunión con el director general de Planificación y Formación Profesional, Ricardo Almalé, a quien le trasladaron su situación. «Creemos que la DGA puede hacer uso de nuestra red de centros con convenios, becas o ayudas a las familias. A los padres les beneficia, porque el niño no sale de un lugar que le ofrece todas las necesidades a una edad tan temprana, y a nosotros nos permite seguir con nuestra labor y mantener a las plantillas», explican. «El niño de 2 años no está preparado para ir a un colegio en su proceso de humanización, debe estar arropado», defienden.
Por otro lado, apuntan que si las aulas de 2 años se van a generalizar en los colegios esto será un «perjuicio» para los ciclos de FP que permiten a las técnicos en educación infantil ejercer en estas escuelas. «Estos desaparecerán, pese a que está demostrado su salida laboral», añaden.
