La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, reclamó ayer en las Cortes de Aragón que el Gobierno de España dé una solución al problema causado por el reparto del 0,7% de la recaudación del IRPF entre las entidades sociales, ante las críticas del PP por la gestión de este asunto.
La diputada popular Ana Marín lamentó que la DGA no ha hecho «nada» para solucionar el «grave» problema creado a las entidades sociales y a los destinatarios de su acción.
Concretamente denunció que Cruz Blanca Huesca ha tenido que cancelar proyectos, despedir trabajadores y dejar fuera de sus programas a personas con necesidades. «Esta es una situación de emergencia social real que han creado ustedes», evidenció.
Broto, por su parte, informó de que la DGA solo ha recibido 8,8 millones del IRPF cuando se habían solicitado subvenciones por 38 millones de euros. «No podemos hacer la multiplicación de los panes y los peces», aseveró. En concreto, Cruz Blanca Huesca solo ha obtenido el 9% de lo solicitado al Estado.
«En dos años y medio me ha demostrado usted que no va a hacer nada y en 40 años -en referencia al PSOE- me han demostrado que no saben hacer nada», sentenció la diputada popular.
