La Junta Arbitral de Consumo de Aragón ha recibido 648 solicitudes de arbitraje en el primer semestre del 2019 y en total ha resuelto 535, de las cuales 177 han sido por mediación de la junta, es decir, logrando un acuerdo entre las partes en conflicto sin necesidad de la actuación de un colegio arbitral. Según informó ayer el Gobierno de Aragón, respecto al mismo periodo del 2018 el número de solicitudes de arbitraje se ha incrementado un 8,4%.

Este sistema es una vía extrajudicial de resolución de conflictos surgidos entre el consumidor o usuario y el empresario o comerciante que permite a las dos partes resolver sus diferencias sin gastos y sin la necesidad de acudir a los Tribunales de Justicia. De las 648 solicitudes recibidas en el primer semestre, 197 han sido presentadas a través de las oficinas de información al consumidor comarcales y municipales y los servicios de consumo; 18 a través de asociaciones de consumidores, y 433 directamente por los consumidores.

Por sectores, 355 corresponden una vez más al sector de las telecomunicaciones (el 54,8%) y están referidas a las dificultades para darse de baja de los servicios, las altas no solicitadas o las dificultades para la portabilidad. El segundo sector con más solicitudes son las comercializadoras de gas y electricidad, con 96.

El director general de Protección de Consumidores y Usuarios, Pablo Martínez, subrayó «la ventaja» que supone suscribir contratos siempre con empresas que estén adheridas al sistema arbitral de consumo. Actualmente, están censados 4.876 establecimientos, profesionales y empresas adheridas.

Por otro lado, en el primer semestre del 2019 se han dictado 358 laudos arbitrales. Estos son vinculantes para las partes y tienen el mismo valor y carácter que una sentencia. Respecto a las resoluciones, 280 han sido estimatorios, total o parcialmente de las pretensiones del consumidor; 75 desestimatorios y 3 conciliatorios. Destacan los 355 laudos dictados por unanimidad del Colegio Arbitral y ninguno por mayoría o voto dirimente.

Respecto a la resolución, al menos el 80% de las reclamaciones se han resuelto en el plazo máximo de cuatro meses.