Chunta Aragonesista (CHA) e Izquierda Unida (IU) han exigido hoy al consejero aragonés de Sanidad, Ricardo Oliván, la retirada del decreto que establece la implantación del área sanitaria única en Aragón. Asimismo, el sindicato CSI-F ha denunciado que el Gobierno de Aragón "no quiere alegaciones a su proyecto del nuevo mapa aragonés" sanitario, que se trataba hoy en la Mesa Sectorial de Sanidad, y que por eso sale a información pública en el mes de agosto, el período más vacacional del año.
En un comunicado, CHA afirma que "será un decretazo" si Oliván aprueba el área sanitaria única en verano sin debate y sin explicaciones previas en las Cortes de Aragón, por lo esta formación ha registrado una solicitud de comparecencia del consejero para que explique el proyecto en el Parlamento "antes de que pueda instaurarlo por decreto". "El consejero lleva tiempo hablando de este proyecto como una intención, pero nunca lo ha concretado ni ha explicado detenidamente por qué quiere unificar todas las áreas sanitarias en una", señala el diputado Gregorio Briz. Recuerda que cuando Oliván se ha referido a esta cuestión ha sido siempre como "una forma de aprovechar los recursos disponibles".
Por su parte, IU reclama, una vez más, la dimisión de Oliván por su "mala gestión" al frente del Departamento de Sanidad y por imponer vía decreto una unificación que es rechazada por la ciudadanía y por los profesionales del sector. Desde el grupo parlamentario IU Aragón, el diputado Adolfo Barrena denuncia que este decreto que "quiere imponer" Oliván, "a pesar del rechazo social, profesional, ciudadano y político", puede ser ilegal ya que vulnera la Ley general de Sanidad (1986) que establece un máximo de 250.000 habitantes por cada área de salud. "Y, evidentemente, para el caso de la prevista área sanitaria única de Zaragoza y su provincia, incumple este parámetro", añade Barrena.
En su opinión, "además de ser perjudicial para la ciudadanía porque empeora la calidad de la atención que requiere la gente, la desaparición de los ocho sectores en los que actualmente se divide Aragón agravará más aún el deterioro del sistema sanitario público que está provocando el Gobierno que preside Luisa Fernanda Rudi". Mientras que el sindicato CSI-F lamenta que el Gobierno de Aragón someta a información pública durante el mes de agosto su proyecto de decreto por el que se van a regular la estructura territorial y las funciones de los servicios de salud pública aragoneses. "Sin cuestionar la legalidad de este proceso", la organización sindical considera que para la mayoría de los ciudadanos "deja clara" la "escasa voluntad" de facilitar a las entidades locales, sociales, económicas, colegios profesionales y asociaciones, así como las personas físicas o jurídicas, puedan examinar el proyecto y presentar las alegaciones que estimen oportunas.
