Cientos de manifestantes exigen a la CHE un cambio de política

Varios centenares de manifestantes se concentraron ayer ante la sede de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) en Zaragoza para mostrar su malestar por la política del organismo de cuenca y exigir que cese lo que consideran un "despilfarro" de recursos y un "atentado" contra los derechos de los propietarios de terrenos expropiados. La manifestación pretendió inundar la CHE de indignación, y para simbolizarlo acudieron olas desde Torrero, la Magdalena, San José o Universidad para confluir en el paseo Sagasta. Unos 70 colectivos participaron en la convocatoria, organizada por la coordinadora de afectados por embalses Coagret, la asociación Río Aragón y la catalana Plataforma en Defensa de L'Ebre.

"Queremos lanzar un mensaje a la CHE para que cambie de política. En el siglo XXI ya no vale con tener una concepción mercantilista del agua", explicó el presidente de Coagret, Valentín Cazaña. "Las grandes organizaciones ecologistas han denunciado incumplimientos de la directiva marco en otros planes de cuenca, y en proyectos como Biscarrués o Mularroya también hay afecciones a reservas naturales", aseguró. "Exigimos paralizar la implantación de nuevos regadíos y que se retiren los que actualmente ya están afectados de una alta salinización", pidió.

ARTIEDA Pese a lo variopinto de la convocatoria, uno de los temas más presentes en la marcha hasta la plaza de la Seo fue el apoyo a los ocho imputados por la carga de la Guardia Civil en Artieda, que portaban una pancarta común. La disolución de la concentración pacífica, el 10 de octubre, dejó una veintena de heridos. Se enfrentan a sanciones de hasta 30.000 euros.

También está encartado como instigador el presidente de Río Aragón, Luis Solana, que exigió "la dimisión de Xavier de Pedro --presidente de la CHE-- y de María Pilar Martínez Vela, jefa del área de expropiaciones", por la "responsabilidad" de la confederación en la carga. Los manifestantes pidieron también la del delgado del Gobierno, Gustavo Alcalde. Seis de los imputados ya han declarado ante el juez, y 159 personas se han autoinculpado de estos hechos.