La Benemérita ha detenido a cinco personas por formar parte de una organización criminal dedicada al cultivo indoor de marihuana. Los agentes realizaron de manera simultánea cuatro registros en viviendas en Muel, Cadrete y Zaragoza, interviniendo en las mismas casi 2.000 plantas.

Unos arrestos que se produjeron en el marco de una operación bautizada como Ebro en la que los agentes del Grupo de Investigación del Núcleo de Reserva de la Comandancia de la Guardia Civil de Zaragoza pudieron determinar que cuatro de los arrestados tenían la función de guardianes, es decir, vivían en las casas en las que habían creado invernaderos de plantas marihuana.

Todos ellos estaban bajo el mando, según la investigación, de J. B. C., quien fue vigilado por los agentes, siendo localizado en las viviendas unifamiliares en las que estaban instaladas las plantaciones. Curiosamente, a él solo le intervinieron 100 gramos de sustancia estupefaciente.

La organización había alquilado casas unifamiliares situadas en caminos o a las afueras de las localidades de Muel y Cadrete. De esta forma buscaban pasar desapercibidos entre los vecinos y algo muy importante: evitar ser detectados por el olor que desprenden este tipo de plantas. Era tal el celo que tenía la banda en evitar ser descubiertos por el olor que habían creado un sistema rudimentario de bidones de agua para absorber la esencia que emana del cannabis sativa.

También habían creado una importante infraestructura eléctrica con focos de luz, aparatos de aire acondicionado y hasta una red de conductos por los que distribuir una correcta ventilación en las estancias.

Junto a los delitos de tráfico de drogas y pertenencia a banda criminal, la Guardia Civil les imputó el delito de defraudación eléctrica, ya que las viviendas estaban enganchadas a la red eléctrica general.

A pesar de esas pruebas, los cinco detenidos, R. V. P., G. C., E. V. G., C. V. L. y J. B. C. fueron puestos por la noche en libertad provisional, aunque se les mantiene la investigación por los tres delitos. Así lo decretó la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Zaragoza, tras la solicitud de los abogados defensores, Olga Oseira y Juan Carlos Macarrón.