El proceso de escolarización para el curso 2017-18, marcado por la polémica y la judicialización del cierre de vías en la concertada se salda, hasta ahora, con un ligero aumento de demanda en la escuela pública a costa, precisamente, de la concertada. Según datos oficiales, la petición de plazas en colegios públicos de la comunidad ha aumentado un 1,4% respecto al año pasado, tras pasar de un 59,6% del total a un 61% en el actual proceso. De este modo, 166 niños más han elegido la pública respecto al proceso del año pasado, mientras que la concertada ha recibido 77 peticiones menos que entonces.
Precisamente, la admisión volvió a ser protagonista del pleno de ayer en las Cortes, con un nuevo cruce de acusaciones entre la consejera de Educación, Mayte Pérez, y la portavoz de educación del PP, María José Ferrando. La tititular del departamento reiteró su defensa de la «educación como derecho» frente al modelo del PP, que aseguró que es el de la «educación como negocio» y la «libertad para unos pocos». Además, lamentó que las decisiones judiciales impidan que el Gobierno planifique.
En la comparecencia, solicitada por el Grupo Popular y justo después de que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) haya forzado al Ejecutivo vía medidas cautelares a continuar concertando 13 aulas, la consejera recordó que, de momento, no ha llegado sentencia firme.
Pérez, que contó en la tribuna con el apoyo de representantes de la plataforma en defensa de la escuela pública de Zaragoza y otros colectivos, tachó también de «ejercicio de cinismo» y de «falta de respeto a la inteligencia de los aragoneses» que el PP acuse al actual Gobierno de saturar los centros del barrio de Romareda, cuando se han pasado de 13 a 26 vías en la zona y en la legislatura pasada solo construyeron «medio colegio».
Por su parte, Ferrando, le pidió que «vuelva a empezar» y deje de ser «marioneta del sectarismo» del Gobierno, del «egoísmo» de algunos sindicatos y del «afán de protagonismo» de Podemos.
