El Gobierno de Aragón ha decidido llevar a los tribunales el aval con el que afianza un crédito de ocho millones de euros concedido al Real Zaragoza SAD por un pool bancario integrado por Ibercaja, CAI y Cajalón y que la empresa deportiva controlada por Agapito Iglesias dejó de pagar, con lo que las arcas autonómicas se hacen cargo tanto de las cuotas como de los intereses.

El Departamento de Economía de la DGA, dirigido por Francisco Bono, decidió, con el asesoramiento de los servicios jurídicos de la DGA, demandar a Ibercaja por su actuación como agente del pool en la operación.

El crédito, de ocho millones, fue concedido en un 37,5% por Ibercaja y CAI mientras Cajalón aportaba el 25% restante. La DGA formalizó el aval tras aprobarlo las Cortes en el 2004, cuando el Real Zaragoza SAD estaba controlado por Alfonso Soláns. Este afianzó con su patrimonio otro préstamo de la misma cuantía. Un tercer crédito del mismo valor y de carácter hipotecario grava los terrenos de la Ciudad Deportiva.

NOVACIÓN El 30 de diciembre del 2010, el Real Zaragoza SAD, ya controlado por Agapito Iglesias, acordó con las cajas una novación en función de la cual pagaría solo intereses hasta el 30 de junio del 2012 para, a partir de entonces, comenzar a saldar el capital pendiente --5.111.111 euros-- en quince plazos trimestrales de 340.740 que finalizan en marzo del 2016. Al incumplir la compañía deportiva el calendario de pagos, las cajas decidieron ejecutar el aval fiado por el Pignatelli, que ya ha desembolsado más de dos millones.

La demanda de la DGA, dirigida contra Ibercaja como agente del pool bancario, sostiene que esta, ante los impagos, debería haber procedido contra los tres fiadores de manera proporcional y que, en todo caso, debería haber comunicado previamente al Pignatelli que únicamente iba a ejecutar su parte.

La parte de Soláns está en manos de la empresa Praleya tras haber pasado por Zaragoza Plaza Center Campus Empresarial, que le entregó los derechos como pago por la adquisición de una finca en Benasque.

La DGA, que pretende reestructurar los pagos, tiene dos objetivos: reducir la exposición de sus arcas a la crisis del Real Zaragoza y, por otro lado, evitar que sus derechos sobre el capital social de la SAD --son créditos participativos-- sigan creciendo hasta convertirlo en su dueño ante una eventual liquidación.