Los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón presentaron ayer un escrito en el Juzgado de Huesca que lleva el caso de los bienes de Sijena en el que solicitan que se autorice «con carácter inmediato» la entrada en el Museo Diocesano de Lérida para incautar y trasladar de las 44 piezas del monasterio monegrino que todavía no han sido devueltas por la Generalitat.
El Gobierno aragonés retomó así, acabado agosto, mes inhábil judicialmente, la lucha para lograr el retorno de los bienes del monasterio oscense que se encuentran en el museo leridano y que debían haber regresado a Aragón, por sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Huesca, antes del pasado 31 de julio.
Según las declaraciones del director general de Cultura y Patrimonio, Nacho Escuín, facilitadas por el ejecutivo autonómico, del mismo modo que Aragón tenía preparado el 31 julio todo el operativo «en condiciones» para ir a recoger los bienes al Museo de Lérida, lo está hoy para ir a recoger las 44 piezas.
Escuín mostró además el convencimiento del Gobierno de Aragón para el retorno de las piezas y apuntó que cuando la titular del juzgado oscense lo considere oportuno irán «de forma inmediata a recogerlos».
También el Ayuntamiento de Villanueva de Sijena tiene previsto presentar un escrito a la Audiencia de Huesca para reclamar que el recurso de la Generalitat contra la sentencia que ordena el retorno de las piezas sea declarado «desierto» y sin validez.
DEDUCCIÓN DE TESTIMONIO
El letrado del consistorio, Jorge Español, acompaña el escrito a la Audiencia oscense con un certificado del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Huesca que enumera los sucesivos incumplimientos de la sentencia que ordena la devolución de los bienes a pesar de los apercibimientos y advertencias penales.
Además, el Ayuntamiento de Villanueva urge a la titular del juzgado oscense a que, como anunció tiempo atrás, siga adelante con la deducción de testimonio al actual consejero de Cultura catalán, Lluís Puig, y su predecesor, Santi Vila, por la presunta comisión de los delitos de desobediencia y apropiación indebida (el primero de ellos) y el de prevaricación (el segundo).
«Se trata de que la juez, a la vista de lo que consta en el sumario, informe sobre estos extremos a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo sobre el proceder de ambos consejeros, por si es constitutivo de delito», explicó Jorge Español, que criticó la «conducta obstruccionista con la Justicia» de ambos políticos catalanes.
