El Gobierno PSOE-PAR ha dado otro paso en la lenta carrera para poner en marcha la televisión y radio autonómicas. Tiene listo el borrador del decreto de creación de la Corporación Aragonesa de Radio Televisión Autonómica que, según se detalla en el texto, se va a constituir como sociedad anónima adscrita al departamento que dirige José Angel Biel y cuyo capital será público "en su totalidad". También fija las competencias y responsabilidades que tendrá asignadas el futuro director general del ente, cuyo nombramiento se está dilatando más tiempo de lo previsto.

Los quince folios del borrador de decreto y de los estatutos de la nueva sociedad mercantil que se creará fueron remitidos por el Gobierno autónomo a los miembros del Consejo de Administración del nuevo ente en su reunión del pasado miércoles. Ahora los 19 consejeros (representantes de PSOE, PP, CHA, PAR e IU) tienen de plazo hasta el próximo día 15 para aportar sus propuestas al texto.

El decreto de creación de la empresa pública, al que ha tenido acceso EL PERIODICO DE ARAGON, no ofrece novedades, aunque sí constituye de hecho el primer paso en firme que realiza el Gobierno aragonés para dar forma al ente, tras obtener en septiembre pasado la concesión del tercer canal de televisión. No obstante, el Ejecutivo del PSOE-PAR ha iniciado sólo los trámites para crear la futura sociedad de la televisión y no la radio, lo que ha disparado las especulaciones en el seno del Consejo de Administración.

CONDICIONES Según pone de manifiesto la propuesta de decreto, la futura sociedad tendrá por objeto "la gestión de los servicios de televisión de la comunidad autónoma" y se inspirará en los principios de "objetividad, veracidad e imparcialidad de las informaciones, respeto a la libertad de expresión y al pluralismo político, cultural, lingüístico, religioso y social".

El texto del Gobierno otorga poderes a la nueva empresa pública para adquirir, transmitir, constituir y extinguir "toda clase de derechos sobre bienes muebles e inmuebles". También podrá formalizar convenios con entidades públicas o privadas que operen, "exclusivamente o no", en el sector de la televisión y en Aragón o en otras comunidades autónomas.

El decreto no detalla ninguna cantidad concreta para constituir el capital social de la sociedad, aunque sí especifica que "será público en su totalidad, desembolsado por la DGA a través de la Corporación Aragonesa de Radio Televisión". El Gobierno destina en su presupuesto del 2005 una partida de seis millones de euros para el nuevo canal. No obstante, resulta obvio que este dinero no será suficiente y que será necesario hacer nuevas aportaciones de crédito para que funcione.

De hecho, en este último punto han coincidido todos los grupos políticos del Parlamento aragonés, que han considerado que la cantidad presupuestada servirá para arrancar, pero no para mantener en marcha el ente.

GESTION Respecto a los órganos de gobierno de la sociedad, el texto del Ejecutivo especifica que serán tres: la Junta General, el director general y el administrador único. La Junta General estará integrada por los miembros del Consejo de Administración nombrados en mayo pasado por el pleno de las Cortes. La duración del cargo coincidirá con la legislatura autonómica. Y los cargos directivos del ente público tendrán el mismo régimen de incompatibilidades que establece en su estatuto Radio Televisión Española.

Existe la impresión generalizada de que el proceso, que hasta ahora ha dado tímidos pasos, se acelerará a partir del 1 de enero, cuando entre en vigor el presupuesto de Aragón para el 2005, que en estos momentos se encuentra en tramitación en las Cortes. En principio, la DGA tiene la intención de que la tele comience a funcionar hacia San Jorge, pero no está claro que vaya ser técnicamente posible.

En cualquier caso, el propio Marcelino Iglesias, presidente aragonés, ha garantizado que el proyecto comenzará a funcionar en el 2005. Las instalaciones del Centro de Producción Audiovisual del Actur (hoy utilizadas por Antena Aragón ) serán la sede del nuevo canal. Dicho centro, cuya construcción data de principios de la década de los años 90, es propiedad de la Administración autonómica, aunque las instalaciones están alquiladas al canal local.

La puesta en marcha de la televisión aragonesa pondría fin a un largo periplo del proyecto, que sólo en la actual legislatura ha visto desaparecer la múltiples trabas con las que se ha cruzado.