El Instituto Aragonés de Fomento (IAF), dependiente de la Consejería de Industria del Gobierno de Aragón, abonará 1,5 millones de euros a Tragsa, empresa perteneciente al Ministerio de Medio Ambiente, por los trabajos que se le encargarán en materia de prevención y extinción de incendios forestales en la provincia de Teruel. Esta cuantiosa partida corre a cargo del Fondo de Inversiones de Teruel del año 2013, dentro del eje Adaptación de caminos naturales y cortafuegos en zonas de alto riesgo1.
Este convenio, publicado el pasado 5 de marzo, permitirá por tanto la transferencia de fondos públicos autonómicos a una empresa estatal, perteneciente al Ministerio de Medio Ambiente. Este convenio, firmado por el consejero de Medio Ambiente, Modesto Lobón, y el de Industria, Arturo Aliaga, en su condición de presidente del IAF, ha vuelto a causar malestar en la plantilla de Sarga, la empresa pública autonómica que se encarga del servicio de extinción de incendios en la comunidad autónoma y que atraviesa problemas financieros. El malestar es más evidente después de que en las transferencias presupuestadas por el Gobierno de Aragón en el 2014 figuran dos millones de euros menos para Sarga, en un momento en el que además se desconoce la viabilidad de la compañía pública, que se creó el año pasado después de un complejo proceso de reestructuración interna tras la fusión de Sirasa y Sodemasa y que acabó con el despido y las bajas incentivadas de 75 personas. Con este convenio, por el que se transferirán 1,5 millones a una empresa estatal, la indignación crece, y más cuando el comité de Sarga pidió una entrevista con Lobón que no se ha producido.
