El vicealcalde de Zaragoza, Fernando Gimeno, y la consejera municipal de Servicios Públicos, Carmen Dueso, fueron los últimos en declarar ante el juez Tello. Ambos mantuvieron el mismo hilo argumental del resto de miembros del consejo de administración de Plaza porque también se sintieron "suficientemente informados" por el exgerente Ricardo García Becerril.
Ambos, resaltaron que había informes jurídicos que avalaban que se adjudicaran dos contratos por negociado a la UTE conformada por Acciona y MLN.
El vicealcalde resaltó que la urgencia con la que solicitaban instalarse las empresas fue la que mandó hacer una operación de estas características, si bien apuntó que "se trataba de una obra complementaria, ya que no superaba el 50% del contrato principal por lo que era posible con arreglo de la Ley de Contratos".
Además, afirmó que la presencia de la secretaria del consejo y del letrado asesor en las reuniones del consejo fue un aval a la operación.
Por su parte, Dueso recordó que "se hizo una sugerencia respecto de los tipos de empresas a invitar". "Se habló de la necesidad de que fueran firmas con experiencia", apostilló.
Esta edil en el Ayuntamiento de Zaragoza recalcó los perjuicios de que BSH y Decathlon abandonaran el proyecto.
