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A FONDO

Dudas sobre los nuevos planes de Gestión de la Red Natura

Aragón carece de Planes de Gestión para sus espacios Red Natura 2000, del mismo modo que no ha declarado Zona de Especial Conservación (ZEC) los Lugares de Interés Comunitario (LIC) propuestos hace más de veinte años, cuando el plazo máximo es de 6 años.

 

El paraje de las Salinas de Alcañiz ya fue declarado en su día Zona de Especial Protección. - GOBIERNO DE ARAGÓN

PILAR MARTÍNEZ (ABOGADA)
20/02/2021

El Gobierno aragonés ha anunciado la aprobación de 400 planes y declaraciones ZEC, todavía no publicados en el Diario Oficial. Sorprende la aprobación en bloque de normas eminentemente restrictivas, aplicables a un 28% del suelo aragonés, que deberían contar con previos trabajos técnico-científicos rigurosos y   previsiones presupuestarias elevadas, si se cumplen las exigencias legales. 

Sospechamos que estamos ante la ejecución in extremis de una obligación, a la vista de los expedientes de infracción que España tiene abiertos desde el 2015 en la UE, que reiteró el año pasado, por incumplimiento de la Directiva Hábitats, siendo Aragón una de las más comunidades incumplidoras. 

La Directiva Hábitats creó la llamada Red Natura 2000 (LIC, ZEC, ZEPA) con objetivos eminentemente conservacionistas, pero exigiendo a los Estados para su implantación unos procedimientos que acrediten,  tanto la presencia real de los hábitats y especies que se dice proteger, como la necesidad y eficacia de las medidas propuestas, a la vez, que garanticen la utilización racional de los recursos naturales, la participación de los afectados en la elaboración de las normas medioambientales y el derecho al desarrollo socioeconómico de las áreas a las que afecta, a lo que podemos añadir hoy la preocupación de la UE por la lucha contra la despoblación rural. Además, los Estados están obligados a respetar los derechos fundamentales, entre ellos, el derecho a la propiedad privada y otros que los Tratados y Convenio de la Unión declaran. La realidad de la Red Natura en España es muy distinta. Un alto porcentaje de los Planes de Red Natura no cumplen las exigencias de la normativa europea, ni siquiera la estatal y autonómica, que transpone la Directiva. 

Sorprende, por ello, que se presente ante la opinión pública como un éxito lo que es la  prueba de un fracaso y evidencia de un incumplimiento del Gobierno de Aragón, así como de la  utilización abusiva de estas figuras que, bajo la excusa de la protección ambiental, se emplearon únicamente para captar fondos europeos, restringiendo  hasta niveles insospechados cualquier actividad en estos territorios, sin contar con el adecuado soporte legal para ello, a menudo sin justificación técnico-científica más allá de un simple corta/pega, sin participación real de los afectados y sin compensación a quienes se ven privados de sus  bienes y derechos.  

La realidad que encierran estos planes dista mucho del idílico planteamiento con que se anuncian. Pronto veremos publicadas estas disposiciones que consolidan un régimen restrictivo, de limitaciones y prohibiciones para 531 municipios de Huesca, Teruel y Zaragoza. Verán reducida su autonomía para tomar decisiones, pasando a ser la autoridad medioambiental la que prevalezca sobre la municipal y local en esos territorios. También se verán afecciones a los derechos individuales de los propietarios y de quien realice en esos espacios cualquier actividad, pues afecta a usos urbanísticos, agrícolas, ganaderos, hidrológicos, tratamientos fitosanitarios, aprovechamientos de recursos naturales, cambios de cultivos, turísticos, silvícola, creación y reforma de infraestructuras de comunicación, vías de acceso, telefonía etc.

No hemos oído hablar, en cambio, sobre  las preceptivas memorias económicas que deben incorporar estas disposiciones, ni sobre la aprobación de partidas presupuestarias concretas destinadas a afrontar el coste de la implantación y sostenimiento de estos instrumentos de gestión, incluyendo las asignadas a indemnizar a quienes, siendo titulares de derechos e intereses legítimos previamente consolidados, los verán mermados o eliminados. La tónica general es la incorporación formal de memorias económicas, vacías de contenido real, mera retórica y buenos deseos de futuro.  

Siempre hemos defendido que el principio de cofinanciación de los costes de la conservación (Art. 8 de la Directiva Hábitats) debe acoger, como primer coste, las indemnizaciones a quienes, con sus patrimonios privados, contribuyen al bien común de la protección. Lamentablemente, hasta ahora solo se han incluido entre los costes de la conservación, las subvenciones, pagos y ayudas que demanda el mundo conservacionista, a quien nadie pide cuentas de su aportación real a la conservación. El planteamiento es sencillo, «si el que contamina, paga», el que aporta su patrimonio, bien conservado con su propio esfuerzo, debe recibir, no ser castigado.