El crimen de Eduardo Montori, conocido como Falconetti, ocurrido en 1996 en Ejea, estuvo a punto de prescribir, si no llega a ser por la labor del laboratorio central de criminalística de la Guardia Civil que pudo identificar una huella dactilar impresa en una mancha de sangre. Correspondía a Pablo Miguel Canales Lahoz, quien se sentará el próximo 25 de abril en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Zaragoza y donde será juzgado por un tribunal porpular. Este ejeano se enfrenta a 20 años de prisión que solicita la familia de la víctima, representada por el penalista Javier Notivoli, y a 18 años, que es la solicitud de la Fiscalía.

Las acusaciones señalan que en la madrugada del 9 de septiembre de 1996 el acusado accedió al domicilio de la víctima, con la que mantenía una relación de amistad y con el que se dedicaba al tráfico de drogas «a baja escala». Tras una discusión posiblemente relacionada con esta actividad, el procesado, que contaba entonces con 24 años, le asestó a su víctima múltiples puñaladas en el tórax que le causaron dieciséis heridas que afectaron en su mayor parte a órganos vitales. Con las sucesivas puñaladas infligidas el acusado «aumentó deliberada e inhumanamente el dolor de la víctima, causándole un sufrimiento innecesario antes de que se produjera la muerte», destaca el ministerio público.

Después de ello, según las acusaciones, Pablo Miguel Canales Lahoz depositó el cadáver en la cama de la propia víctima y le cortó la cabeza con el arma blanca que portaba antes de quemar el cuerpo. La cabeza de Montori nunca llegó a ser localizada por los agentes de la Guardia Civil que se hicieron cargo de la investigación del crimen. El fiscal califica los hechos como un presunto delito de asesinato y solicita para el acusado una condena de 18 años de prisión, así como el pago de una indemnización de 80.000 euros al hijo de la víctima. Por su parte, la acusación particular tipifica también los hechos como un delito de asesinato pero eleva la petición de condena a 20 años de prisión. Subsidiariamente, en caso de descartarse la acusación por asesinato, este letrado, que representa a la viuda del fallecido y a su hijo, reclama una condena de 15 años de cárcel para el procesado por un delito de homicidio doloso.

El procesado -defendido por el abogado Javier Elía-, tras ser detenido por otro asunto en el 2015, amenazó a los agentes que le custodiaban en el calabozo «con matarlos, igual que había matado a Eduardo Montori». Ante ello, el Juzgado de Instrucción de Ejea reabrió el caso.