Las sociedades, asociaciones, fundaciones o consorcios que reciban más de 100.000 euros de dinero público o cualquier cantidad a partir de los 25.000 euros que suponga el 40% de su presupuesto deberán hacer públicas sus cuentas. Si no lo hacen, el Gobierno de Aragón dejará de darles ayudas e incluso podrá multarles. Estas son algunas de las medidas que se contemplan en la Ley de Transparencia, que ayer aprobó el Ejecutivo autonómico y que ahora se someterá a un proceso de participación antes de ser remitido a las Cortes para su correspondiente tramitación parlamentaria.

La normativa afecta a todas las administraciones, al Consejo Consultivo y al Consejo Económico y Social de Aragón, además de a las entidades locales, los partidos políticos, los sindicatos, la universidad, las Cortes, el Justicia o los clubes deportivos. En general, la ley será de obligado cumplimiento para cualquier organización que tenga algo que ver con la cuestión pública.

PORTAL EN INTERNET La norma irá acompañada por una memoria económica, ya que se diseñará un Portal de Transparencia --sobre el que pivota esta regulación-- que tendrá un coste no "muy elevado", según aseguró ayer el portavoz del Gobierno, Roberto Bermúdez de Castro. El consejero de Presidencia especificó que las sanciones, en el caso de incumplimiento de la ley se fijarán en un reglamento posterior. Además, también se elaborará una suerte de ránking con las entidades que más cumplen. "Las que no lo hagan quedarán retratadas", dijo el portavoz.

A través de esta plataforma online, que se diseñará desde el departamento de Presidencia, todas las entidades afectadas deberán publicar su estructura, las funciones que tienen, las retribuciones percibidas anualmente por los altos cargos y máximos responsables de las organizaciones. Además, la Administración estará obligada a colgar en la red los convenios colectivos, las ofertas de empleo, los procesos selectivos, las convenios o los contratos.

SEGUIMIENTO DE CONTRATOS Un cambio significativo será que ningún departamento de la DGA podrá suscribir cláusulas de confidencialidad como ocurrió, por ejemplo, con Motorland hace unos años. Con esta ley, que es más ambiciosa que la aprobada por el Ejecutivo central, se conocerán los importes de licitación, las empresas que opten, la adjudicataria, el coste final y los modificados, si los ha habido, por qué se han producido sobrecostes y quién los ha autorizado. El consejero de Presidencia aseguró que de esta forma se quieren evitar casos como el de Plaza. El objetivo es poder hacer un seguimiento de cualquier contrato de principio a fin para detectar posibles anomalías y se someta a un mayor control.

Los altos cargos de la Administración autónomica y de las empresas tendrán que colgar sus currículos debidamente justificados, los datos biográficos, sus funciones específicas, los salarios que tienen, los órganos en los que participan o el régimen de incompatibilidades. Lo mismo ocurrirá con el personal de confianza, que hasta ahora habitaba en la zona de sombra, y con las campañas de publicidad institucional.

PETICIÓN DE INFORMACIÓN Toda esta información será pública en el portal online pero, además, los ciudadanos mayores de 16 años tendrán derecho a solicitar y a acceder a aquella información que deseen conocer. La Administración a la que vaya dirigida la petición de información tendrá que responder en 10 días que ha recibido la solicitud, en 20 días si la rechaza --ya que el silencio administrativo se entenderá como positivo-- y en un mes tendrá la obligación de dar la información.

Se trata, dijo el consejero de Presidencia, de una ley "necesaria", que a su juicio se tendría que haber impulsado casi cuando se aprobó la Constitución española, porque los ciudadanos "tienen derecho a saber dónde va su dinero". Tras someter el anteproyecto a un proceso de participación ciudadana, el Gobierno prevé aprobar la ley de transparencia entre mayo y junio para remitirla a las Cortes --junto con la Ley del Presidente-- para que se le dé el visto bueno esta misma legislatura con el máximo consenso.

Esta legislatura ya se había dado algún paso, como la publicación de los bienes y salarios de los cargos públicos y la web del Gobierno de Aragón open data, en la que se accedía a mucha información de la Administración pública.