El Estado empezó hace dos años a reclamar la devolución de parte de las cantidades abonadas por las expropiaciones de tierras en las obras de recrecimiento del embalse de Yesa, que fueron legalmente fijadas por el Jurado Provincial de Expropiación de Zaragoza. Este procedimiento, denominado declaración de lesividad, se refiere a pagos considerados excesivos y ha sido instado por el Ministerio de Transición Ecológica. Ya lleva dos años en marcha en los pueblos de Artieda y Mianos y ahora va a comenzar en el de Sigüés, con un centenar de afectados en los tres municipios.
Algunos propietarios, los que no se conformaron con la tasación inicial y pidieron una nueva valoración, llegaron a percibir 25.387 euros por hectárea de secano y 28.662 en el caso de las tierras de regadío. Y ahora el Estado sostiene en los tribunales, en la vía contencioso-administrativa, que se abonaron 18.500 euros de más en el secano y 14.700 por encima de lo habitual en regadío.
Los propietarios afectados, en su mayoría, han acudido a los tribunales por considerar injustas las pretensiones del Estado, como ya adelantó ayer EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, máxime si se tiene en cuenta que los hay que no han cobrado aún la cantidad total y que otros son herederos de las personas que en su día recurrieron la primera tasación.
«No hay argumentos jurídicos ni económicos para instar un expediente de lesividad», subrayó ayer Jesús Mayoral, letrado de un gran número de afectados en Artieda y Mianos, que indicó que los criterios de productividad empleados para valorar las tierras se basaron en el rendimiento por hectárea en las Bajas Cinco Villas, «donde es bastante menor».
Los expedientes de lesividad abiertos hasta la fecha son 49 en Artieda, siete en Mianos y se acaba de solicitar el mismo procedimiento para otros 33 en Sigüés.
"Falta de transparencia"
El Ministerio de Transición Ecológica anunció ayer que la declaración de lesividad «permitirá impugnar los acuerdos del Jurado de Expropiación de Zaragoza ante la jurisdicción contencioso-administrativa, que decidirá si esos acuerdos son o no lesivos». La base argumental del ministerio es la «incorrecta aplicación» de un punto del reglamento de valoración de la Ley de Suelo, «que ha tenido como resultado en todos los casos una estimación del valor real o potencial de las fincas sensiblemente superior al que les corresponde».
El PSOE de Aragón no quiso ayer pronunciarse sobre el asunto alegando que se trata de una materia que está en los tribunales de justicia. Pero Podemos, que forma parte del cuatripartito que gobierna la comunidad, denunció la «falta de transparencia» del proceso de indemnización y aseguró que «se han pagado precios muy dispares por el mismo tipo de terreno», lo que calificó de «injusticia». En cuanto a Chunta, otro socio del Gobierno, se opone radicalmente al recrecimiento.
Río Aragón critica a la CHE por «no asumir el justiprecio»
La asociación Río Aragón, que agrupa a los movimientos de oposición al recrecimiento del embalse de Yesa, reaccionó ayer con dureza a la decisión del Consejo de Ministros de iniciar un expediente de lesividad en 33 expropiaciones de Sigüés en las que, presuntamente, se pagó un precio abusivo por las propiedades. Pero no cargó contra el Estado en general, sino contra la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) en particular.
«Para la CHE, no es lesivo regalar millones a las constructoras, pero sí asumir un justiprecio para los afectados por Yesa», manifestó la entidad antiembalse en un comunicado.
«La intención de la CHE no es otra que castigar a quienes, frente a sus sistemas de valoración discrecionales, opacos y chantajistas, buscaron la mediación de un organismo público de arbitraje», en referencia al Jurado Provincial de Expropiación.
"Mala fe"
«La Administración recurre sistemáticamente al expediente de lesividad, pese a tratarse de un procedimiento excepcional», denunció, por su parte, Luis Solana, alcalde de Artieda y miembro de Río Aragón. En su municipio, la diferencia entre lo reconocido por el Jurado Provincial de Expropiación y lo que consideró la CHE que valían las fincas es de 5,5 millones de euros para un total de 49 propietarios representados por el letrado Jesús Mayoral, que criticó la «mala fe» de la Administración «al esperar casi los cuatro años que marca la ley para iniciar el expediente de lesividad».
En el municipio de Sigüés, el último en el que se va a iniciar la declaración de lesividad, su alcalde, Eduardo Abadía, emitió un comunicado en el que puntualizó que el procedimiento instado por la Administración se refiere a la retasación que se efectuó una vez transcurrido el plazo legal para el pago de las fincas expropiadas y ocupadas, pese a que había habido acuerdo sobre la valoración. Además, hizo hincapié en la capacidad técnica y legal del jurado de expropiación y defendió que había obrado con «independencia, imparcialidad y objetividad».
Por su parte, la Confederación Hidrográfica del Ebro señaló ayer que el pleito por el coste de las expropiaciones «no afecta en absoluto» a las obras recrecimiento y afirmó que, contra lo que sostienen los contrarios al embalse, «es falso que el coste del proyecto se haya cuadruplicado». En este sentido, aseguró que, con el modificado número 3, el precio total se sitúa en torno a 265 millones.
