En un encuentro con enseñantes celebrado esta misma semana, varios periodistas intentábamos explicar cómo pueden funcionar dignamente los medios españoles sin disponer de un código ético ni mecanismos de autorregulación, sin una normativa que evite de verdad la concentración de medios, sin organizaciones gremiales dignas de tal nombre y sin más brújula que la vergüenza torera y el sentido común. Hacemos lo que podemos y asistimos a situaciones propias de un país en fase pre-democrática. Verbi gratia: en la BBC británica, paradigma de ortodoxia e independencia en la gestión y funcionamiento de un gran medio público, sus máximos responsables han dimitido ipso facto a la vista de que el juez Hutton daba por sentado que la emisora no había actuado adecuadamente en el "caso Kelly"; sin embargo, en España, ningún directivo de TVE se sintió aludido por la sentencia que condenó sus informaciones sobre la última huelga general.

Son diferentes estilos en diferentes escenarios. España aún es diferente. Aquí se dan situaciones como la de una provincia aragonesa, donde cierta entidad financiera tiene posiciones mayoritarias o relevantes en los accionariados de los principales medios informativos. Y por idéntica regla de tres, el futuro desarrollo de una radio-televisión aragonesa se adivina envuelto en dudas y su presente esconde notables maniobras en la penumbra; porque el modelo que se ha descrito (titularidad pública, producción privada) puede dar lugar a muy complejas variables (¿quiénes habrán de ser los socios privados?). El gobierno aragonés ya ha recibido abundantes insinuaciones por parte de quienes creen que, si hay negocio, les corresponde a ellos en exclusiva. Lo cual que este proceso televisual requiere (lo digo por enésima vez) muchííísima transparencia.

En mi opinión, la BBC ha sido víctima de un fallo judicial injusto. Pero sus jefes, al dimitir de todas formas, han obrado con honor... y con estilo.