La exalcaldesa de Caspe Teresa Francín, dos exconcejales de su equipo de gobierno y la secretaria y el arquitecto municipales comparecieron ayer ante el Juzgado de lo Penal número 7 de Zaragoza acusados de haber permitido, supuestamente, la construcción de una central hortofrutícola en un paraje ribereño del embalse de Mequinenza denominado La Herradura. Este lugar está calificado como no urbanizable y goza de una especial protección por su valor paisajístico y por el hecho de contar, en teoría, con un yacimiento paleontológico.
El fiscal solicita para todos ellos ocho años de inhabilitación especial y el pago de una responsabilidad civil suficiente para la demolición de la nave agrícola, que ocupa 1.100 metros cuadrados. Por su parte, la acusación particular, ejercida por el letrado Antonio Valls Pou en nombre de la Asociación Cultural Compromiso por Caspe, eleva a 10 el número de años de inhabilitación y pide además dos años de cárcel.
La defensa (ejercida por Valentín Romero, Carlos de Francia, F. M. Tobeñas, José A. Sanz y María Asunción Perea) solicita la libre absolución de todos los acusados por considerar que obraron conforme a la ley.
La autorización para la central hortofrutícuola, de la que era administrador el concejal y exalcalde socialista Mariano Gómez Callao, del mismo partido que Francín) se concedió en la reunión de la comisión de gobierno municipal que tuvo lugar el 4 de julio del 2002 y a la que Gómez Callao no asistió.
«La licencia de obras, un mero trámite, se concedió porque existía un informe técnico favorable del arquitecto municipal», afirmó María Teresa Francín, que seguró que «no sabía» que La Herradura contaba con una protección especial, aunque sí que albergaba una ZEPA. Francín explicó, a preguntas del fiscal, que la no renovación del contrato, por aquellos años, a una arquitecta municipal que advirtió de posibles irregularidades urbanísticas en la decisión no estaba relacionada con el caso objeto del juicio.
Francín, al igual que el resto de acusados, puso en duda la existencia de un yacimiento arqueológico y subrayó que de las fincas agrícolas de La Herradura dependen 200 familias. Asimismo, explicó que la licencia ya fue concedida en 1999 por Javier Sagarra de Moor, de Compromiso por Caspe, cuando este era alcalde.
La exconcejala María Isabel García abundó en los mismos argumentos que Francín e hizo hincapié en que la concesión de la licencia contaba «con todos los informes favorables, por lo que no se debatió nada». El también exconcejal Félix Cortés manifestó que no recibió presiones para que votara a favor de la licencia.
Carlos Miret, arquitecto municipal en diversas épocas, reconoció que emitió un informe favorable al considerar que «era suelo no urbanizable genérico» y declaró que la central hortofrutícola está «fuera de La Herradura». Asimimismo, se refirió a la «indefinición» de los usos en zonas no urbanizables y a que se basó en un plan del arquitecto José Antonio Lorente. Finalmente, la secretaria municipal, María Isabel Arnal, señaló que no emitió ningún informe y se limitó a «certificar» ese punto del orden del día.
