Un empresario se enfrentará este mes en la Audiencia altoaragonesa a una petición fiscal de 5 años y 6 meses de prisión por una presunta estafa a dos entidades bancarias a las que hizo creer, mediante documentos falsificados, que la Diputación de Huesca (DPH) le adeudaba más de 600.000 euros.
En su escrito de acusación, el ministerio público argumenta que el acusado, el empresario altoaragonés Miguel R.F., efectuó entre junio de 2009 y abril de 2010 cinco endosos al Banco de Valencia y otros dos a Ibercaja de supuestas deudas de la Diputación que le reportaron un total de 604.798 euros.
Según el fiscal, dicha deuda era ficticia dado que algunas de las cantidades ya le habían sido abonadas con anterioridad y otras se apoyaban en facturas inexistentes.
Para que las dos entidades financieras le aceptaran los endosos, el acusado simuló la firma del interventor de la Diputación de Huesca en unos documentos en los que estampó el sello de la institución, sostiene la acusación pública.
De esta forma, el acusado presentó en junio de 2009 ante el Banco de Valencia tres documentos supuestamente falseados de los que la diputación altoaragonesa no tenía conocimiento que le reportaron unos 87.000 euros.
Estas cantidades correspondían a créditos que ya le habían sido abonados anteriormente por la Diputación de Huesca, cuyo presidente, Antonio Cosculluela, está llamado a declarar como testigo en el juicio.
Un mes más tarde, el encausado endosó a la misma entidad un supuesto crédito de 232.000 euros correspondiente a una factura cuya existencia no consta a la DPH, y otro de 148.000 que ya le había sido abonado dos años antes por la institución.
En abril de 2010, el empresario endosó a Ibercaja otros dos créditos por un total de 135.000 euros mediante documentos presuntamente falsificados de supuestas deudas de la Diputación de Huesca con su sociedad mercantil.
Así, según la fiscalía, "aparentando una solvencia y capacidad de devolución de la que carecía, el acusado logró que Banco de Valencia e Ibercaja le descontasen el importe de las facturas mencionadas, cantidades que de otro modo las entidades bancarias no hubiesen anticipado ni financiado.
El empresario, tras impagar las cantidades conseguidas, refinanció con dichas entidades la deuda contraída, aunque en el momento de cerrarse la causa contra él adeudaba 148.000 al Banco de Valencia y una cantidad sin determinar a Ibercaja.
El fiscal tipifica los hechos como un presunto delito continuado de estafa en concurso con otro de falsedad continuada en documento mercantil, y solicita para el acusado 5 años y 6 meses de prisión, una multa de 2.840 euros y la devolución de las cantidades todavía adeudadas.
Unos días antes de la vista por estos hechos, el acusado se enfrentará en el Juzgado de lo Penal de Huesca a una petición fiscal de 2 años y 6 meses de prisión por otro presunto delito de estafa en concurso con otro de falsedad documental que le reportó alrededor de 58.000 euros.
Según relata la fiscalía en su escrito de acusación, el empresario confeccionó en junio de 2010 una factura a cargo del Servicio Provincial de Obras Públicas del Gobierno aragonés en Huesca correspondientes a unas obras de emergencia en la carretera de acceso a Berdún (Huesca) que ni se ejecutaron ni se adjudicaron a la empresa del acusado.
El ministerio público añade que el acusado elaboró además un documento de cesión del crédito a favor de la entidad Bankinter en el que simuló la firma del jefe de la Sección Técnico Económica del Gobierno aragonés, cuyo selló estampó en el papel.
La entidad, en la creencia de que la referida institución le adeudaba dicha cantidad, le entregó los 58.000 euros citados.
Posteriormente, al conocer que Bankinter había solicitado al Gobierno aragonés una confirmación del documento referido, el acusado procedió a devolver el dinero obtenido.
El fiscal tipifica los hechos como un delito de estafa en concurso con otro de falsedad en documento mercantil, con la atenuante de reparación del daño causado, y solicita para el acusado 2 años y 6 meses de prisión.
