El Gobierno de Aragón debe aún 11,5 millones de euros a la Universidad de Zaragoza. Es dinero correspondiente del complemento retributivo al personal de administración y servicios (8 millones) del 2013. El rectorado ya se ha puesto en contacto con la consejería del ramo para reclamar el pago. El retraso, que ya se produjo el año pasado, se debe a que el Ejecutivo cierra su presupuesto y para cuadrar el déficit deja en el cajón algunas facturas. Ingeniería financiera se llama.

El vicerrector de Economía, Javier Trívez, mostró su confianza en que el problema se resuelva "cuanto antes", aunque admitió que la situación no es tan dramática como el año pasado. Algo que permite a la universidad dejar de lado las tensiones de tesorería que se registraron en ejercicios anteriores.

No fue el único reproche que el responsable económico del campus hizo al Ejecutivo autonómico. Puso una vez más sobre la mesa que se está incumpliendo el acuerdo de financiación firmado in extremis en el 2011 por el PSOE, justo antes de abandonar el Gobierno. El PP dijo en las Cortes que se aplicaría, pero no ha sido así. De haberse hecho efectivo, el campus hubiese recibido desde el 2012, 37,7 millones más.

Trívez fue más allá en sus críticas al Gobierno. Recordó que el Ejecutivo ha incumplido también la ley de presupuestos del 2013 en los que se dice que se establecerá un marco de negociación que permita evaluar las necesidades de la universidad y el grado de aplicación del acuerdo firmado en marzo del 2011, "estableciendo un escenario financiero estable, acorde con la situación actual, que incluya un plan de infraestructuras y un plan de devengo de la deuda pendiente, y que permita mantener la calidad docente e investigadora".

Nada de esto se ha hecho. Se creó una comisión de negociación que solo se reunió en una ocasión, el 26 de junio del 2013 y de la nada se ha vuelto a saber. Trívez aseguró que se ha pedido, en reiteradas ocasiones, al Gobierno que vuelva a convocarse esta mesa de trabajo. El Ejecutivo hizo caso omiso a tales peticiones, según los responsables del campus.

Unos hechos que no hacen sino empeorar las relaciones que existen entre la universidad y el Gobierno, tensas desde que el Ejecutivo autonómico congeló la financiación básica y recortó sus aportaciones al campus.