El Gobierno de Aragón sigue trabajando en la reforma del ICA

Un propósito que se ha visto "frenado" durante el periodo del estado de alarma, pero se ha retomado en los últimos meses, según ha asegurado la directora del Instituto Aragonés del Agua, María Dolores Fornals, durante su primera comparecencia en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Parlamento autonómico.

Este paso por el órgano parlamentario se ha producido tanto a petición del consejero Olona, para informar sobre las actuaciones desarrolladas llevadas a cabo en relación con la crisis sanitaria del COVID-19, como a instancia del PP para dar cuenta del mencionado tributo.

La responsable del IAA ha hecho un repaso de los datos económicos del tributo para la depuración de las aguas, por el que en 2019 se giraron 826.612 recibos y se generaron unos derechos liquidados de cerca de setenta millones de euros y casi sesenta millones de euros en ingresos, de los que cuarenta y siete millones de euros correspondieron a la recaudación de 2019 y algo más de doce millones provinieron de ejercicios anteriores, con un recibo medio de cuarenta euros.

Fornals ha llamado la atención de la Cámara sobre el hecho de que de los casi setenta millones de euros en reconocimientos de derechos, cincuenta y cinco se vinculan al gasto de explotación de las depuradoras, por lo que ha advertido que afrontar todas las obras pendientes con sólo catorce millones de euros es "la cuadratura del círculo".

"Ojalá pudiéramos atender todo, pero con el ICA no se llega para la explotación y los gastos vinculados a la depuración de las aguas y tenemos que invertir cien millones de euros en el Plan Pirineos", ha dicho.

Además, ha apuntado que la suspensión del cobro del impuesto durante el estado de alarma ha supuesto una caída en la recaudación del 87 por ciento, de los veinte millones de euros del año anterior a sólo dos y medio este año. Por ello ha pedido ser "muy cuidadosos" a la hora de abordar la reforma del impuesto "porque las macromagnitudes del impuesto van por un lado y el pequeño recibo van por otro", ha advertido.

En lo que hace referencia a las actuaciones de la Dirección General, Fornals ha destacado la puesta en marcha de un estudio en colaboración con Sanidad y el CITA para contar con un sistema de alerta temprana sobre la presencia de restos de COVID-19 en las aguas residuales de un total de doce depuradoras de la región. Una iniciativa que viene a complementar la desarrollada a nivel nacional y que incluye las depuradoras de Caspe y Binéfar por la especial incidencia en ellas de la pandemia.

Por el Grupo Popular, proponente de la comparecencia para recibir información, sobre la reforma del tributo, el diputado popular Ramón Celma ha dudado de que la figura impositiva esté cumpliendo su carácter finalista de mejorar la calidad en el ciclo de las aguas viendo los problemas que se detectan en localidades como Plasencia del Monte, Daroca, Rubielos de Mora o Pozuelo de Aragón.

Además, ha reclamado que la reforma tenga en cuenta la inversión ya realizada por municipios como Zaragoza tras la supresión del convenio por la DGA en 2016. "Seguimos pagando por encima de la media nacional, Lambán anunció hace dos años una profunda reforma del impuesto y el Gobierno se comprometió a traerla en los cien primeros días, pero no han hecho nada", ha criticado.

Por parte del PSOE, la parlamentaria Silvia Gimeno ha destacado la construcción de varias depuradoras durante el estado de alarma y la puesta en marcha otras obras tras la vuelta a la normalidad y ha resaltado el proyecto suscrito con el CITA para el análisis de las aguas residuales "como una herramienta para el diseño de políticas para la vigilancia de la COVID-19".

Desde Cs, Ramiro Domínguez ha pedido superar la anterior "gestión desastrosa" de la depuración de las aguas y avanzar para que se reduzca el tramo fijo. "Creemos en la progresividad del impuesto", se ha reafirmado. Además, ha recordado la mala calidad de las aguas en algunos municipios aragoneses, como la que sufren algunas poblaciones del Matarraña.

En representación de Podemos, Nacho Escartín ha advertido de que derogar el ICA "no significa eliminar" ya que hay que cumplir con el principio de que "quien contamina, paga". Ha apostado por una depuración "eficaz y eficiente" y una recaudación en la que "nadie pague dos veces por lo mismo" y ha reclamado que se incentiven las buenas prácticas, rebajar los fijos, evitar la privatización del cobro y que la gestión sea transparente.

Joaquín Palacín (CHA) ha animado a avanzar tras el periodo de alarma para dar "una solución rápida" con el fin de lograr un ICA "más justo" que el anterior bajo los principios de una gestión sostenible del agua y el saneamiento. Además, se ha felicitado por el proyecto de detección temprana de la COVID-19 en las depuradoras aragonesas.

El diputado de Vox en Aragón, Santiago Morón, ha lamentado que la directora no haya aportado nada nuevo sobre la reforma del ICA y se ha mostrado a favor de "ajustar" lo que se recauda "al coste real del servicio". Además, ha coincidido con el popular Celma en la idea de retomar los convenios de los municipios.

En el caso del PAR, Esther Peirat ha mencionado el compromiso asumido de reformar el impuesto y ha recordado que el Ejecutivo decretó la suspensión de su cobro con motivo de la COVID-19. Además, ha destacado que el IAA ha continuado su labor durante el estado de alarma garantizando el suministro y la calidad de las aguas.

Por último, el diputado de IU, Álvaro Sanz ha mostrado su decepción por la información recibida por no escuchar novedades sobre cuestiones como la tributación exclusiva, la recaudación de la gestión directa o la tarificación progresiva. "Resulta curioso que unas reformas fiscales cueste mucho desarrollarlas y otras las hagan por la puerta de atrás y de noche, como la de las grandes superficies y las tragaperras", ha comparado.