El Consejo de Ministros autorizó ayer el pago de más de un millón de euros a las empresas que construyeron el embalse de Lechago y que habían reclamado esa cantidad para compensar el retraso en el cobro de las certificaciones de obra. De esta forma, el Gobierno central autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia, por un importe de 1.023.785,51 euros, y la concesión de un suplemento de crédito en el presupuesto del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Así, Madrid cumple la sentencia de la Audiencia Nacional, de 24 de junio del 2013, por reclamación de intereses de demora relativos a las obras de construcción de la presa de regulación del río Jiloca, en Teruel, que fue presentada por las empresas Copisa, Brues y Fernández Constructor.

Las constructoras se vieron obligadas a recurrir a los tribunales al ver que el Ministerio de Medio Ambiente (ahora integrado en Agricultura) no respondía a sus reclamaciones para el cobro de la cantidad solicitada, que había aumentado como consecuencia de las revisiones de precios.

En el proceso judicial entablado, la Abogacía del Estado reconoció casi todas peticiones de los constructores, pero mostró su oposición a la inclusión del IVA y a gravar con nuevos intereses los intereses de demora.

El tribunal, sin embargo, falló en julio del pasado año que sí procedía el cobro de intereses, del orden del 5,5% anual, dado que se había producido un retraso en el pago por parte de la Administración contratante.

Sin embargo, la Audiencia Nacional descartó que se debiera abonar asimismo el IVA, pues para ello era preciso demostrar que, previamente, las empresas lo habían ingresado en las arcas públicas.

Esta situación no se dio por el hecho, según el fallo, de que los demandantes no habían podido ingresar el pago de unas cuotas del IVA por un concepto que la propia Administración discutía y que dio lugar al pleito en cuestión.