José Ignacio Gutiérrez Arrudi tiene 66 años. Natural de Sallent de Gállego, es un abogado especialista en Derecho Laboral, concursal, Seguridad Social y accidentes de trabajo. Fue decano y quiere volver a serlo con una candidatura personal.
¿Por qué vuelve a presentarse?_Además, lo hace con candidatura única a decano, sin nadie más.
No quiero ser demagogo, pero creo que la gestión actual está siendo de mero trámite. Además, mi situación persona y profesional me lo permite. Aunque sea una candidatura personal, tengo mucha gente detrás y también avanzo que asumiría a personas de la otra candidatura como diputados. Tengo amigos allí.
¿Qué es lo que usted ofrece que no haga, a su juicio, su rival?
Estar pendientes de los colegiados. Hubiese suspendido las cuotas ordinarias durante los meses de confinamiento y también las de la mutualidad. Hace unas semanas hubo un problema en un juzgado de Zaragoza con un positivo en el covid, lo que se debería de haber hecho es hablar con los jueces, verificar las situaciones que hubo de riesgo y ayudar a los abogados que temían tener que confinarse. Hay que actuar con empatía y razonabilidad en una situación de máxima urgencia sanitaria y caída de actividad
Más allá del covid, ¿cuál es su programa?
Quiero hacer un informe técnico pericial que valore la totalidad de los puestos de trabajo del colegio, la saturación de la carga de trabajo y la rentabilidad. Todo ello para dar prioridad al departamento informático y reforzarlo. Esto repercute en los jóvenes abogados en su formación continua, que ya avanzo que si gano será gratuita, y también en ofrecer herramientas virtuales que eviten la presencia innecesaria en los juzgados para hacer meros trámites. También vamos a decir no al actual baremo del Turno de Oficio.
¿Qué conlleva eso?
El baremo actual es ofensivo, debe revisarse un 20%. No retribuye el trabajo real y efectivo de los abogados. Ya lo conseguimos en el 2009 con la DGA, si bien sería algo temporal mientras planteamos una alternativa al baremo. No se puede permitir que haya personas a las que no se les conceda la justicia gratuita porque tiene la empresa en quiebra y al revés, que hay gente que aparentemente no tiene nada y dispone de un montón de dinero. Por eso planteamos que sea el juez y no la administración decida cómo se hace. Debemos proteger a los abogados. Ojo a los abogados de abogados.
¿Qué quiere decir con eso?
Los grandes despachos contratan abogados y eso no está regulado. Luego están los medianos e incluso pequeños que hacen contratos simulando una igualdad que no existe. Hay anuncios de empleo en los que se exigen dos años de ejercicio, másteres, idiomas, jornadas completas y se les ofrece un contrato mercantil de prestación de servicios con salarios de poco más de 600 euros mensuales. Eso sí, se les promete oportunidades de carrera y prosperidad. Eso, sencillamente, es esclavismo. Muchos compañeros cumplen, pero hay también explotación a los más jóvenes,
Eso precisa de un convenio colectivo.
Sí, a nivel nacional. Pero el Colegio de Abogados de Zaragoza debe exigirlo, no realizar una gestión de mero trámite. En esta línea propongo crear una comisión de mediación para la contratación de abogados. En las situaciones de confrontación máxima se debe apoyar a la parte débil, es decir, el contratado y se debe poner en marcha la comisión de deontología. También debemos vigilar que se cumpla la conciliación.
Ha hablado de suprimir cuotas. ¿Y cómo se financia?
Poniendo en marcha una fundación con empresas vinculado a la formación continua en el que puede haber aportes de entre 5.000 y 10.000 euros al año a cambio también de un reconocimiento. Estaba en marcha cuando estuve de decano. También hay que hacer una revisión de todos los proveedores y conseguir si es necesario una financiación adicional. Si hay abogados con necesidades hay que pedir créditos para atenderles.
