Huesca se sitúa entre las provincias donde es más caro morirse, mientras que Zaragoza se cuela en el ránking de las ciudades más baratas para hacer un sepelio. Así lo detallaron ayer datos de la Asociación Empresarial del Seguro (Unespa) tras analizar el 80% (216.404) de los entierros sufragados en el 2018 por las aseguradoras.

Por provincias, las más caras son Gerona, Madrid y Barcelona, dónde se paga un 29%, un 27% y un 21%, respectivamente. Detrás de ellas se sitúan Lérida (19,4%) y Huesca (15,7%) y Pontevedra (15,03%). En este grupo, junto con las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, destacan Zamora, con un 39,7% menos que el conjunto del país, Santa Cruz de Tenerife (36,2%), Palencia (29,7%), Soria (27,1%) y Cuenca (26%).

Entre los municipios más grandes, los que superan los 250.000 habitantes, Madrid (59%), Vigo (33%) y Valencia (27,9%) son las ciudades donde fallecer resulta más costoso. En Bilbao, Murcia, Las Palmas de Gran Canaria, Córdoba y Málaga los entierros cuestan entre un 17% y un 3% por debajo de la media. Este es el caso de Zaragoza.

TRASLADO DE LOS FALLECIDOS

El informe de Unespa también refleja que el coste de trasladar al fallecido desde el lugar donde pereció al sitio donde va a ser enterrado es de 424 euros, cifra que se eleva hasta los 5.987 euros si hay que repatriar el cuerpo desde el extranjero, datos que no están contabilizadas en las medias de los sepelios.

Las empresas que han encargado el estudio indican que los datos demuestran que algo menos del 44% de los percances del seguro de decesos se queda por debajo del coste teórico del evento. En estos casos, la aseguradora debería reembolsar la diferencia a sus clientes hasta alcanzar la suma asegurada. Por otra parte se sitúa otro 16% de sepelios cuyo coste se coloca exactamente en el nivel cubierto. Juntos suman cerca del 60% de los siniestros. En el 40% restante los costes rebasan lo previsto por la aseguradora en un principio.

Tanto si el sepelio se sitúa dentro de los márgenes esperados por la entidad como si los rebasa, la legislación indica que la aseguradora debería correr con el coste de todos los servicios especificados en el contrato, según apunta el informe.