Las administraciones autonómica y municipal todavía no han puesto en práctica las sugerencias realizadas el pasado año por el Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, para combatir la mendicidad infantil en las calles de Zaragoza.
En febrero del año 2003, García Vicente aconsejó a las instituciones públicas con competencias en materia de menores (el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza) que incrementaran los mecanismos de colaboración con el fin de dar una inmediata respuesta social y asistencial a los casos de mendicidad tan pronto como sean detectados o denunciados.
Además, instaba a la Policía a intensificar las medidas de vigilancia y seguridad para atajar los casos de utilización de menores para pedir limosna.
La intervención del Justicia se produjo a raíz de la presentación de una queja sobre la mendicidad infantil en la que se denunciaba que en Zaragoza se había producido un gran aumento de la mendicidad por parte de mujeres, generalmente jóvenes e incluso menores de edad, que llevaban consigo bebés o niños de corta edad.
La queja sostenía que a menudo los ciudadanos se sentían defraudados al ver la escasa eficacia de las denuncias interpuestas contra la utilización de menores para pedir limosna.
El hecho de que los actos de mendicidad se produjeran "de forma reiterada y protagonizados en muchos casos por las mismas personas", indicaba el informe del Justicia, "lleva al ciudadano denunciante a la creencia de que puede existir una cierta pasividad policial ante una situación al menos de riesgo para los niños".
