El grupo de IU en las Cortes de Aragón ha solicitado la comparecencia en comisión del consejero de Sanidad, Ricardo Oliván, para que informe detalladamente de las razones que justifican el cierre parcial de los quirófanos del hospital de Jaca.
La portavoz de IU, Patricia Luquin, pide del consejero explicaciones ante su decisión de abrir únicamente los quirófanos del hospital una semana al mes y cerrarlos durante julio y agosto, "bajo la premisa de que responde a necesidades del centro".
"Sabemos que esta decisión se ha tomado ante la falta de recursos económicos y responde a un nuevo tijeretazo para cuadrar el desfase que se han encontrado en el gasto sanitario tras hacerse público el incumplimiento del objetivo de déficit por parte de su Gobierno", señala Luquin en un comunicado, en el que denuncia la "gestión trilera" que hace Oliván de la sanidad pública aragonesa.
Luquin recuerda que la integración del hospital de Jaca en el Servicio Aragonés de Salud está pendiente y, a día de hoy, depende del Consorcio Aragonés Sanitario de Alta Resolución (Casar).
Para la portavoz de IU, es significativo que el Gobierno de Aragón aplique nuevos recortes en este centro y teme que sea un paso más "hacia su desmantelamiento" antes "de pasar a manos de la gestión pública".
Luquin tacha de "nefasta" gestión de Oliván al frente del departamento de Sanidad y le reclama de nuevo que trabaje "por y para la sanidad pública" o que dimita.
Por otra parte, Oliván comparecerá mañana en el Pleno de las Cortes a petición de IU para informar de las causas por las que Aragón "es la comunidad autónoma con mayor deterioro en el último año en la atención a la dependencia".
Según Luquin, desde el "brutal" recorte que supuso la modificación de la Ley de Dependencia aprobada por el Gobierno hay más de 8.000 personas en Aragón que, aunque tienen reconocida la prestación, continúan en "lista de espera".
En su opinión, la política de Oliván en materia de Dependencia ha provocado una mayor desprotección a las familias más necesitadas, pensionistas y discapacitados y ha conllevado un detrimento en la calidad de la prestación de la asistencia y pérdidas de empleos.
Luquin recuerda que la atención a la dependencia está reconocida en la propia ley como un derecho subjetivo, y por tanto es recurrible vía jurisdiccional, pero "estamos asistiendo -concluye- a una derogación encubierta de la misma".
