Izquierda Unida exige al Gobierno de Aragón el cumplimiento urgente de la Ley de Emergencia Social de 2016, en concreto, en el título relativo a vivienda y la puesta en marcha de medidas para garantizar la alternativa habitacional a quienes carecen de vivienda o la han perdido. Su portavoz parlamentario, Álvaro Sanz, ha presentado esta mañana en rueda de prensa la moción que se debatirá y votará en el Pleno de las Cortes de Aragón este miércoles y que incluye cinco puntos con propuestas para atajar una de las caras de la pobreza, “el acceso a una vivienda”.
"Pese a que hay casas sin gente se están produciendo desahucios y hay personas que no tienen derecho a techo", ha denunciado Sanz para advertir que "ahora la prioridad es atajar la pobreza en todas las dimensiones porque las brechas preexistentes a la pandemia del coronavirus se están incrementando, a pesar del escudo social desplegado por el Gobierno de España con los ERTE".
El diputado IU ha reclamado que se suspendan los lanzamientos y ha apelado a los derechos fundamentales para pedir el cumplimiento del compromiso presupuestario que IU alcanzó con los grupos que sustentan al cuatripartito aragonés y cristalizó en un acuerdo político que incluye medidas como destinar más recursos del presupuesto autonómico para adquirir vivienda para el alquiler social y crear oficinas municipales para acabar con el “maltrato institucional” que sufren las personas que viven "verdaderos laberintos burocráticos2 para obtener sus informes de vulnerabilidad.
Sanz ha hecho referencia a que en las próximas semanas había previstos --"que se sepa"-- cuatro lanzamientos, que se han frenado por la normativa temporal estatal y también por la presión popular. Y ha criticado que estos "no han contado con la implicación oportuna del Gobierno de Aragón", a quien ha urgido a paralizar los lanzamientos.
Con su moción, IU también pretende que Aragón se adelante de cara a la futura regulación de los precios de alquiler por parte de la legislación estatal, tal y como se ha solicitado desde la Eurocámara, detectando cuáles son las zonas donde las viviendas están tensionadas, cuáles son los precios y si son abusivos y el nivel de renta media, para conocer realmente dónde el precio del alquiler se lleva un mayor porcentaje de la renta mensual de los inquilinos.
También, en su opinión, se debe identificar a los grandes tenedores de vivienda, quienes por su capacidad de dominio facilitan el incremento de precios o no lo bajan, porque “la vivienda es un bien social y no un negocio”.
Otro de los puntos de la iniciativa aboga por la movilización del parque de vivienda vacía, en muchos casos en manos de entidades financieras o de la SAREB, “porque el problema es que hay gente que se queda en la calle sin alternativa teniendo muchas casas, en muchos casos de entidades financieras, rescatadas con el dinero de los impuestos de todos los ciudadanos", ha advertido.
Además, para ampliar ese parque de vivienda pública, ha llamado a "animar a las personas que cuentan con segundas viviendas a ponerlas a disposición de la bolsa pública para una correcta política de derecho a techo, que afecta tanto a las personas que se encuentran en una situación de pobreza, pero también a los jóvenes que quieren emanciparse y no pueden y a familias que llegan muy justitas a fin de mes y necesitan precios asequibles”, ha concluido.
